La propuesta surge de reuniones con autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores, que destacaron la preocupación por la morosidad en la tramitación de expedientes judiciales.
El proyecto establece que los plazos para dictar sentencias interlocutorias o definitivas comenzarán a correr automáticamente a los cinco días de que se ordenen los pases a resolver. Además, las medidas para mejor proveer solo podrán ser dictadas por el juez cuando sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y solo una vez en cada instancia y en cada proceso.
La reforma busca acelerar los procesos judiciales y evitar dilaciones indebidas, garantizando el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los derechos de las partes involucradas.
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