Este miércoles, en el programa “Radio Mañana”, conducido por Alejandro Gimenez y Viviana Carranza, el segmento “Puntos de Vista” de la mano de nuestro periodista Daniel Falduti comentó sobre la nota de La Nación sobre la baja de la pobreza destacó para indicar tal afirmación no solamente hay que fijarse en los precios ni en la inflación, sino la capacidad de gasto que hay en los hogares.
Por otra parte, habló sobre la cobertura médica vinculada a la deuda que tienen las obras sociales con la Provincia, llegando a una suma millonarios superior a los 4.600 millones de pesos.
Nota de La Nación: La baja de la pobreza convive con el lamento de “no llegar a fin de mes”
Es una paradoja de la era Milei. Luego de presentar a sus perros en un streaming el fin de semana, el Presidente disparó –entre insultos a periodistas y políticos- un número imprevisto: 11 millones de personas salieron de la pobreza en un año. Pareció una rareza, sobre todo, cuando economistas y analistas publican diariamente datos que describen que parte de los argentinos no consigue llegar a fin de mes. Sin embargo, ambas experiencias podrían convivir.
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El cálculo se había difundido unos días antes, el jueves por la noche. Se trataba de una proyección con base en datos del Indec realizada por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). Allí se informaba de una baja de la pobreza al 31,7% en el primer trimestre de 2025. O sea, una disminución –si los microdatos del instituto lo confirman- de 23,1 puntos con relación al mismo período de 2024, cuando la pobreza tocó su pico (54,8%).
Esa caída –en niveles absolutos y teniendo en cuenta la población proyectada, ya que el Indec mide sólo en 31 aglomerados- implicaría que unos 11 millones de personas dejaron de ser pobres en un año. La indigencia habría descendido desde 20,2% a 7,3% (12,9 puntos).
LA NACION pidió a la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), al Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) y a los expertos de ExQuanti sus propios cálculos. Los especialistas de los cuatro centros de estudios difirieron sólo en unas pocas décimas con la proyección oficial del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello. Agustín Salvia, coordinador en la UCA, proyectó una pobreza de 31,8%; Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría de la UTDT, estimó una de 32%; Leopoldo Tornarolli, investigador del Cedlas, de 31,1%; en ExQuanti calcularon un 32,1%.
Uno de los mayores especialistas en pobreza ofreció algunas apreciaciones acerca del chocante número. Dijo que no creía que la pobreza se hubiera disparado tanto en el primer trimestre de 2024, que a fines de ese año y comienzos de 2025 cayó menos que lo que midieron los expertos, y que sumando los dos efectos, quizás la baja no terminó siendo de 23 puntos sino de entre 12 y 15 puntos. “De cualquier modo, sigue siendo mucho, aunque esperable en un proceso de desaceleración de inflación tan significativo en un período tan corto de tiempo”, explicó.
Analizó entonces los drivers que impulsaron ese vertiginoso descenso de la pobreza medida por ingresos. Se trata de una fuerte recuperación de poder adquisitivo desde abril de 2024 y una desaceleración de la inflación, con canastas -total y alimentaria- yendo por debajo del IPC.
Una aclaración. El único dato oficial de pobreza es el que calcula semestralmente el Indec. El próximo –del primer semestre de 2025- se publicará el 25 de septiembre. De hecho, los expertos señalaron que el primer trimestre –los impares, o sea, también el tercero- se beneficia del impacto del aguinaldo de fin de año y que, es probable, que el segundo trimestre muestre una leve alza de la pobreza. Es por eso que, para evitar tales distorsiones en la estacionalidad de los ingresos, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) hace el cálculo semestral. Sin embargo, todos remarcan que, más allá de ese impacto en los ingresos, la disminución es significativa.
“Este descenso se explica por dos factores clave: las políticas económicas tomadas por el Gobierno ayudaron a equilibrar la macroeconomía y poner un freno a la inflación, y la focalización de transferencias hacia los sectores más vulnerables, directas y transparentes”, dijeron en el Ministerio de Capital Humano para explicar la proyección de la pobreza a la baja.
“No llego a fin de mes”
Que una persona deje de pertenecer al segmento más pobre de la sociedad –al cruzar una barrera de ingresos en un proceso de desinflación- no implica que se deshaga de la sensación de que le cuesta llegar a fin de mes. Y esa sensación, según relevó el economista Fernando Moiguer, se expandió a la clase media, que ahora mira con lupa el ingreso disponible en el hogar –el que queda luego del pago de gastos fijos como la luz, el gas o el agua-, ahorros y el crédito.
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El último relevamiento de Moiguer estima que, para los menos pudientes -que siguen con ingresos atrasados, pero con transferencias oficiales (AUH y Tarjeta Alimentar) que van por arriba del IPC- la continuación de la desaceleración de la inflación es clave para sostener el poder adquisitivo.
En cambio, para la clase media –que también tiene ingresos “atrasados”- el consumo está sujeto “a la evolución de las tarifas de los servicios”. Esto determina su ingreso disponible para el consumo.
Según su relevamiento para el segundo trimestre, el 50% de los consultados dice que “no llega a fin de mes”. El número crece en las clases bajas. El 30% -afirman- resigna gastos para pagar servicios.
Más allá de la desaceleración de la inflación –el principal objetivo oficial de cara a las elecciones de octubre de un programa macroeconómico basado en el orden fiscal, la desregulación y la apertura comercial-, cabe señalar que, si bien los salarios registrados muestran un fuerte crecimiento interanual, van por debajo de la inflación en el acumulado de este año, en el que el objetivo oficial es planchar los precios y adherir las expectativas paritarias al futuro del IPC. De allí llegan las críticas de la oposición política al oficialismo, que hablan de un “cepo al salario” y que atacan –como estrategia indirecta- el valor del dólar para impulsar el consumo de una parte de la sociedad. No es casualidad el avance en patentamientos de autos o de viajes al exterior.
El último informe de la consultora Empiria, el de abril, afirmó que el gasto disponible en los hogares se mantuvo sin cambios con relación a marzo. Sin embargo, esa estabilidad de la plata que queda disponible en los hogares para consumir se dio gracias a que los gastos fijos cayeron (la actualización de la luz, el gas, el transporte y las expensas fue por debajo de la inflación). Los ingresos disminuyeron, pero menos (un 0,3%) que los gastos que tiene que afrontar un hogar.
El impacto no fue homogéneo y benefició a los más pobres: en el segmento de menor ingreso, la caída de los gastos fijos más que compensó la caída en los ingresos, por lo que el ingreso disponible tuvo un efecto neto positivo de +0,3% mensual. En los hogares de mayores ingresos, sin embargo, el ingreso disponible cayó levemente, un 0,1%, explicó el documento de la consultora que dirige el exministro de Economía, Hernán Lacunza. Allí dijeron que el consumo hoy tiene tres motores: el ahorro, el ingreso disponible y el crédito, que renació con Milei.
“La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo hace un año. Empiria afirmó que hubo un importante porcentaje de hogares “acudiendo a ahorros para financiar gastos corrientes”. Sin embargo, remarcó que hoy manda el crédito, que se duplicó en términos reales entre mayo de 2024 y el mismo mes de este año.
Los hipotecarios crecieron un 300%, mientras que los prendarios, un 160%. En tarjetas creció 70% y los personales, un 213%. En ese marco, el informe remarcó un tema a seguir: los hipotecarios y personales tienen una mora que está en promedio con registros históricos, pero, las tarjetas de crédito y los prendarios, están +0,4% y +0,5% por arriba de la última década. ¿Qué cambió? Las tasas de interés pasaron a ser positivas, lo que ahora puede presionar aún más los ingresos –y el consumo- de las familias y restringir el margen de maniobra en los hogares.
Deuda de las obras sociales al Provincia
Treinta y tres obras sociales le deben, a la fecha, $4.668 millones de pesos al Estado provincial. “Esta deuda es el equivalente a dos hospitales de referencia, con eso financiaríamos el hospital que se está por construir en Unión y el Hospital ‘René Favaloro’ que se va a hacer en Villa Mercedes”, dijo este miércoles, en conferencia de prensa la ministra de Salud, Teresa Nigra, para dar cuenta de la magnitud del monto que la Provincia no percibe.
E ilustró con otra comparación: $4.000 millones es lo que invirtió la provincia en prótesis y servicios para aquellas personas que no cuentan con ningún tipo de cobertura social en 2024. “Es decir, que toda esta plata que nosotros destinamos a aquellos afiliados a obras sociales, se la estamos restando a la persona que no tiene obra social, o que no tiene trabajo o que no tiene como acceder a un servicio privado de salud”, aseguró.
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La jefa de la cartera de Salud informó que estos últimos días, el Ministerio estuvo abocado a hacer un análisis de la ejecución presupuestaria del primer semestre del año y la aplicación de la nueva Ley de Recupero de Gastos en Salud.
“De este análisis surgió la importante deuda que tienen las obras sociales con el Ministerio, incluido el Hospital Central ‘Doctor Ramón Carrillo’. La deuda vencida de las obras sociales, incluidas en el nuevo proyecto de ley, asciende a $510 millones y corresponde a marzo y abril. Y la deuda vieja, con el sistema anterior, asciende a $ 1.629 millones. Por otra parte, al ‘Carrillo’ las obras sociales le deben, al día de hoy $ 1.754 millones. Eso es una suma de $3.893 millones. Y hay que sumarle como importante la deuda que tiene IOMA con DOSEP, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, de $763 millones“, detalló. Esta deuda es de vieja data y sin intereses.
Al análisis hay que dividirlo en dos partes. Por un lado, las obras sociales que representan el 36% de la atención que hace el ministerio de Salud con todos sus efectores. “Vamos a iniciar el proceso de ejecución de deuda. Ya agotamos la vía de los llamados telefónicos, comunicaciones vía mail, etc. Van a empezar a recibir las obras sociales las cartas documentos, para, por otra parte, poder abrir la vía del apremio ejecutivo de cobro”, anticipó.
Las principales obras sociales que le deben al Estado Provincial son “PAMI ($796 millones), Osecac ($707 millones), la Obra Social de los Empleados Rurales ($417 millones), Unión Personal Civil de la Nación ($393 millones), Osfatun ($283 millones), la prepaga Cobertura de Salud ($216 millones), la Obra Social de los Empleados de Transporte ($213 millones) y del Personal de la Construcción ($114 millones)”, enumeró Nigra.
Por caso, entre marzo y abril de este año, las autoridades viajaron a Buenos Aires por la deuda de PAMI. “Pagaron una parte y ahora ya no nos atienden el teléfono. En el equipo de recupero hay personal que de modo constante se está comunicando con las obras sociales, pero ante la no respuesta y viendo que deuda se acumula, hemos decidido abrir la vía legal”, refirió.
La Ministra dedicó unos minutos a explicar la situación de IOMA. “DOSEP les presta servicio a los afiliados de IOMA a través de un convenio de reciprocidad con la obra social de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos 517 afiliados de IOMA que viven en San Luis y 45 de San Luis que viven en la provincia de Buenos Aires. En 2017 DOSEP convino con el IOMA que nos iban a pagar por prestación, ya que la cápita, que es de $3,50, no cubría los costos de la obra social. A la fecha nunca se pagó por cápita, por eso se llegó a esta situación”, explicó.
En promedio, el gasto promedio de los afiliados de IOMA en San Luis son $72 millones mensuales que cubre la obra social provincial, y lo que aporta IOMA son $ 15.700, por lo cual DOSEP ya ha enviado las cartas documento a su par de la provincia de Buenos Aires. “Si ellos no responden, vamos a tener que cortarles los servicios a los afiliados de IOMA”, dijo.
“Esto no va a ser un problema de DOSEP, va a ser un problema de la provincia de Buenos Aires, que le tiene que dar las prestaciones a sus afiliados, porque a estos afiliados les están reteniendo el aporte. Lo mismo pasa con las otras obras sociales. Toda persona que tiene obra social, a quienes nosotros le prestamos el servicio, la obra social le retiene su aporte a través del sueldo y se queda con sus aportes. Y el Estado provincial está restando servicios a aquellos que no tienen nada por cubrir las prestaciones que no pagan las obras sociales. Esto no quiere decir que le vamos a dejar de prestar el servicio a las obras sociales, por ahora. Pero sí necesitamos que las obras sociales respondan porque ellos se están quedando con los aportes los afiliados”, consideró.
La deuda de IOMA data de 2017. En cuanto a las restantes, Nigra dijo: “Con la ley nueva, que empezó a regir en abril, son $510 millones. Y los $1.629 millones son con Ley de Autogestión Anterior. También es importante saber que el 40% de lo recaudado del recupero de gasto va a los salarios del personal de salud. “Si nosotros no recaudamos, es un 40% menos que perciben los empleados. Del total de recupero de gastos, cuando hacemos el corte, que es semestral, el 30% se destina a la compra de bienes de uso, el 30% a emergencia sanitaria y el 40% se distribuye entre los trabajadores. Eso se le suma al salario habitual. Si no se percibe, no se paga porque eso depende de la facturación de cada efector”, refirió
Abonar la deuda en cuotas no tiene sentido, porque igual se incrementa el monto adeudado. “A este servicio, si no lo prestamos nosotros, se lo tendría que haber prestado el prestador privado. Es decir, es un gasto que debieran tener previsto en su flujo de fondos, que deben financiar con los aportes de los afiliados”, consideró.
Escuchá la columna completa en el siguiente audio:
[{adj:160600} Puntos de Vista con Daniel Falduti: miércoles 2 de julio]
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