La Pampa: Nación arremete contra el recorte en Ganancias

La decisión del gobierno provincial de achicar el pago de Ganancias a funcionarios y empleados públicos, y de invitar a adherir a esa medida a los municipios, disparó una nueva campaña del gobierno macrista contra el Ejecutivo pampeano. Presentan una medida en la Corte Suprema pidiendo la inconstitucionalidad.

El gobierno nacional de la Alianza PRO decidió arremeter contra el decreto del gobernador Carlos Verna que recorta el pago de Ganancias. Desde el Ministerio de Hacienda nacional se anunció una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad.

El decreto en La Pampa con fecha del 13 de enero desató la polémica a nivel nacional. Verna oficializó la iniciativa de eximir a todos los empleados públicos de pagar el impuesto a las Ganancias: en la Provincia se explica esa decisión como virtuosa, porque permite que esos fondos se inyecten en la economía provincial. Pero Nación pataleó, porque son fondos que deja de percibir y administrar.

La situación tiene un costado político: es otro tema que posiciona a Verna a nivel nacional. Se trata, además, de un nuevo choque entre ambas administraciones. Se suma en este contexto la ausencia de Verna en el encuentro al que Macri convocó el martes para la firma del llamado “Compromiso Federal para la Modernización del Estado”, un documento con el que busca “propiciar el trabajo conjunto” entre la Nación y las provincias para lograr “mayor transparencia y eficiencia en el servicio de administración pública”. También es alinear a las provincias en el ajuste.

En cuanto a Ganancias, en La Pampa se decidió aplicar el mismo beneficio al Poder Ejecutivo y Legislativo de la provincia que el Tribunal Superior de La Pampa había concedido a sus empleados, modificando así con un decreto provincial una ley del Congreso de la Nación.

Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda, con Nicolás Dujovne al frente, aseguró que se presentará ante la Corte Suprema para pedir la nulidad del decreto. “Es inconstitucional por donde se lo mire”, interpretan en ese organismo, según informa el portal Infobae, cercano al gobierno nacional.

El gobierno nacional especificó que el decreto invoca el principio de igualdad para equiparar empleados estatales del ejecutivo y legislativo con el judicial, que además avanza sobre competencias del Congreso Nacional y que afecta a la coparticipación nacional y en consecuencia, a los recursos nacionales y del resto de las provincias, con lo cual afecta directamente a la recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Otro de los argumentos del Gobierno es que “expone a la provincia a una contingencia judicial futura”. Más allá de pedir la nulidad del decreto, el Gobierno requerirá una medida cautelar para que la provincia siga reteniendo el impuesto a las Ganancias. El macrismo busca poner un freno antes de que la medida se replique en otras provincias.

Según el decreto, los estatales no deberán pagar el tributo a ciertos conceptos remunerativos que integran el salario de la administración pública pampeana: dedicación especial, responsabilidad funcional, antigüedad y reintegro de gastos proporcionales a los primeros conceptos, que representaría una porción significativa de la remuneración y beneficiaría a los funcionarios de más alto rango.

Según agregaron fuentes de Hacienda -dice Infobae- los argumentos del decreto son “varios y confusos”. Cita una acordada de la Corte Suprema de 1996 y una ley nacional que derogó todo tipo de tratamientos especiales, lo cual para el Gobierno resulta “paradójico”, interpretan en Nación.

El decreto buscó seguir el camino de los jueces que se autoexcluyeron de pagar este gravamen, y luego se extendió dicho privilegio a los empleados del poder Judicial. El decreto 5.165 -es de de 2016, pero fue promulgado este año- ordena entonces otorgarles a los empleados tanto del poder ejecutivo como del legislativo el mismo tratamiento.

La Corte Suprema había extendido a sus empleados del Poder Judicial de la Nación la exención del pago del impuesto a las Ganancias, y los tribunales superiores de provincias y los empleados judiciales siguieron la misma línea.

“No tomar esta resolución era perjudicar al trabajador”, dijo ante una consulta de El Diario el ministro de Hacienda de la provincia, Ernesto Franco. El funcionario provincial explicó la adopción de la medida de la siguiente manera: “¿En qué se basa el decreto?, se preguntó él mismo. Y soltó la respuesta: “había un decreto nacional y una ley nacional que estaban en discordia…entonces la Corte Suprema de Justicia saca una acordada en la que dice que para los empleados públicos judiciales nacionales está vigente este beneficio”.

“Así las cosas, no es que los empleados públicos judiciales nacionales no es que no pagan Impuesto a las Ganancias, sino que pagan menos de Impuesto a las Ganancias. Después hace lo mismo el Gobierno Nacional y posteriormente hace lo mismo el Congreso de la Nación”, añadió Franco.

“Esto lo veníamos mirando ya desde el año pasado y nos pusimos a investigar. Ahí advertimos que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, con el mismo criterio, saca una acordada en 2015 en la cual dice que los empleados judiciales provinciales pueden hacer uso de ese beneficio a través de la base imponible que afecta la compensación jerárquica, la dedicación funcional y la antigüedad proporcional en relación a esos dos items”, continuó.

Y completó: “en esas investigaciones también averiguamos que las provincias patagónicas también venían haciendo esto pero con otra interpretación. Santa Cruz lo hizo en 2008 y Río Negro lo hizo en 2013. Entonces lo que hicimos fue sacar nuestro propio decreto y luego la Legislatura provincial también sacó su propia resolución”.