La ex presidenta Cristina Kirchner podrá subir dos horas por día a la terraza del edificio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.
La Justicia federal autorizó a Cristina Kirchner a utilizar la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, al considerarla “equiparable al patio para los presos comunes”.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal 2, que concedió a la expresidenta la posibilidad de subir dos horas por día al sector superior del inmueble de San José 1.111, en el centro porteño, donde se encuentra alojada bajo monitoreo electrónico, se tomó luego del segundo informe de control trimestral sobre el cumplimiento de las condiciones fijadas cuando se le otorgó la prisión domiciliaria en junio pasado.
El tribunal entendió que el acceso a la terraza se ajusta a los estándares de los tratados internacionales sobre personas privadas de la libertad y a las condiciones habituales de recreación previstas para quienes cumplen condenas en establecimientos penitenciarios.
La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluídas en un listado que aportó la ex presidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.
Además se fijaron límites más estrictos: Los encuentros no pueden exceder las dos horas de duración, solo se permiten hasta dos veces por semana y la cantidad de asistentes simultáneos no puede superar las tres personas.
La supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las reglas de conducta fijadas están a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que ahora emitió su segundo informe.
Frente a este escenario, los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la decisión de restringir el contacto de la expresidenta con el exterior carece “de sustento lógico y jurídico”.
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