Cuatro médicos fueron imputados en la ciudad de Tartagal, en Salta, por una supuesta mala praxis que derivó en el fallecimiento de un menor de 17 años.
El joven falleció el pasado 20 de octubre en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal por una falla multiorgánica-shock séptico, luego de estar internado casi dos días con un cuadro de apendicitis aguda no diagnosticada ni tratada a tiempo.
Se imputó provisionalmente a cuatro profesionales médicos como coautores del delito de homicidio culposo.
La primera atención del menor se produjo el 18 de octubre tras ser diagnosticado con gastroenteritis, momento en el que fue medicado y dado de alta, sin que se dejara constancia de su evolución en la historia clínica.
El cuadro se agravó y, por la tarde, regresó al hospital donde permaneció más de nueve horas en observación, con persistencia del dolor, vómitos y distensión abdominal.
Sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos, el menor fue llevado al quirófano y, cuando se realizaba la inducción anestésica, sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva. Pese a los intentos de reanimación falleció en la mañana del 20 de octubre.
Los médicos imputados son Araceli Gorgal, clínica; Antonio Padilla, médico clínico; Alejandro Zerpa, cirujano; y Juan Manuel Farachi, anestesiólogo.
De acuerdo con la investigación, el joven había concurrido en varias oportunidades al hospital por intensos dolores abdominales, vómitos y fiebre, pero en las primeras consultas fue medicado únicamente con analgésicos y antieméticos, sin que se activaran los protocolos correspondientes para un cuadro compatible con abdomen agudo.
Según detalla el decreto de imputación, Agustín fue atendido inicialmente por la doctora Gorgal, quien le indicó paracetamol, dieta y reposo, y posteriormente suero por guardia ante la persistencia del dolor. Sin embargo, la profesional no dejó constancia de su intervención en la historia clínica, lo que fue considerado un incumplimiento de la Lex Artis, especialmente tratándose de un paciente joven con signos de gravedad como taquicardia y dolor abdominal intenso.
Al día siguiente, el adolescente regresó al hospital con un cuadro agravado, que incluía fiebre, vómitos y diarrea, y fue asistido por el doctor Padilla. El decreto señala que el médico no registró adecuadamente los controles de signos vitales ni realizó un seguimiento clínico durante al menos nueve horas, pese a la evolución desfavorable del paciente, lo que también fue considerado una violación a los protocolos médicos para casos de posible apendicitis aguda.
La investigación también apunta al cirujano Alejandro Zerpa, quien habría valorado al paciente con un abdomen quirúrgico varias horas después de haber tomado conocimiento del caso de manera telefónica. Además, según el escrito judicial, no solicitó estudios prequirúrgicos básicos ni una evaluación preanestésica antes de la intervención, pese a la urgencia del cuadro clínico.
En cuanto al anestesiólogo Juan Manuel Farachi, se le imputa haber administrado anestesia sin contar con los estudios previos indispensables y haber optado por un tipo de anestesia que, de acuerdo con guías médicas nacionales e internacionales, está contraindicada en fases avanzadas de shock séptico, ya que puede agravar la hipotensión y generar severas complicaciones.
Agustín Herrera fue finalmente intervenido quirúrgicamente, pero durante el procedimiento sufrió un paro cardiorrespiratorio del que logró ser reanimado inicialmente. Sin embargo, su estado empeoró y falleció el 20 de octubre a las 7.45, a causa de una falla multiorgánica derivada de una sepsis originada en una apendicitis aguda no resuelta, según confirmaron los informes del Cuerpo de Investigaciones Forenses.
El certificado de defunción indicó como causa de muerte, una falla multiorgánica por sepsis, originada en una apendicitis aguda no resuelta.
Del minucioso análisis de la denuncia presentada por el padre de la víctima, la historia clínica del menor, el certificado de defunción y los informes de autopsia e informes médicos del CIF, el fiscal Vega consideró que existen los elementos de convicción necesarios para imputar provisionalmente a dos médicos de guardia, a un anestesista y a un cirujano por el hecho.
Finalmente, el Fiscal destacó que la investigación continúa su curso y que se encuentran en cumplimiento todas las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.
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