El gobierno de Donald Trump ofrece 3.000 dólares a quienes abandonen el país voluntariamente antes del 31 de diciembre. La medida busca descomprimir los centros de detención, aunque crecen las denuncias por estipendios impagos y maltratos.
En un nuevo endurecimiento de su política migratoria, la administración de los Estados Unidos lanzó lo que denomina el “bono de salida festivo”. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este lunes que el monto ofrecido a los inmigrantes indocumentados que acepten la “autodeportación” pasó de 1.000 a 3.000 dólares.
La medida tiene un objetivo claro: acelerar las salidas del país antes de que termine el año. El beneficio alcanza a personas en situación irregular, estén o no bajo custodia, siempre que no enfrenten cargos penales.
Noem fue contundente al advertir en la cadena Fox News que quienes no opten por esta vía enfrentarán deportaciones forzadas y la prohibición de reingreso legal al país de forma permanente. Para gestionar estas salidas, el gobierno utiliza la aplicación CBP Home, donde los migrantes cargan sus datos y coordinan su retorno.
Promesas incumplidas y “limbo” administrativo
Pese al anuncio oficial, organizaciones de derechos humanos y testimonios de migrantes exponen las fallas del sistema:
Pagos que no llegan: Casos como el de Germán Pineda (Honduras) y Robin Meneses (Nicaragua) revelan que muchos deportados nunca recibieron el dinero prometido debido a errores administrativos o vencimientos de plazos mientras aún estaban detenidos.
Detenciones prolongadas: Muchos migrantes denuncian haber pasado semanas o meses bajo custodia tras haber firmado la salida voluntaria, a la espera de un vuelo financiado por el Estado.
Falta de datos: Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que 1,9 millones de personas optaron por la deportación voluntaria este año, no hay cifras claras sobre cuántos recibieron efectivamente el incentivo económico.
La política de la administración Trump también genera polémica por el destino de quienes son expulsados. Cientos de migrantes han sido enviados a El Salvador, específicamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Este penal, insignia del gobierno de Nayib Bukele, ha sido denunciado internacionalmente por torturas y tratos inhumanos, lo que ha puesto a Washington bajo la lupa de los organismos de derechos humanos.
Las cifras de la gestión Trump
A pocos días de cumplir su primer año de mandato (el próximo 20 de enero), los números reflejan la magnitud del plan migratorio:
Promesa de campaña: Deportar a un millón de personas en el primer año.
Realidad actual: Las expulsiones forzadas rondan las 600.000.
Crisis de infraestructura: Los centros de detención siguen desbordados, con más de 65.000 personas bajo custodia.
Escucha Radio Popular San Luis en vivo: https://radiopopularsanluis.com.ar/radio
¿Qué te pareció la nota?
Satisfacción
Esperanza
Bronca
Tristeza
Incertidumbre
Indiferencia
