El juicio oral contra Cintia Ramírez, exsecretaria de Deportes durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, inició con posiciones diametralmente opuestas. La exfuncionaria enfrenta cargos por peculado, fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles, con un pedido de condena de 5 años de prisión.
La postura de la Fiscalía: El fiscal Francisco Assat Alí fue contundente al describir lo que llamó un “patrón de conducta corrupta”. Según la acusación, Ramírez ocupaba tres roles simultáneos que generaron un conflicto de intereses: ella decidía el envío de fondos como secretaria, debía controlarlos y, a la vez, presidía el San Luis Fútbol Club, el ente beneficiado con transferencias millonarias y la compra de un colectivo con presuntos sobreprecios. “Es la misma persona quien decidía y quien debía controlar la que se veía beneficiada”, afirmó el fiscal.
La estrategia de la Defensa: Por su parte, el abogado Marco Juárez sostuvo que demostrarán la inocencia total de su clienta y que su gestión fue “intachable”, destacando que su carrera continuó en la AFA tras el cargo público. La defensa denunció la violación del derecho de defensa y el debido proceso, argumentando que no se les permitió presentar estados contables a tiempo. Un punto clave será el testimonio de Alberto Rodríguez Saá, citado por la defensa para ratificar que él autorizó las decisiones administrativas hoy cuestionadas.
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