El accionar policial ante hechos de conocimiento público. 

En un estado de derecho democrático la policía es el único organismo público que se encuentra facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir coactivamente de los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia -con la presión psicológica que ésta implica- hasta la fuerza física propiamente tal, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal.

Por tal razón, se ha señalado que “el uso de la fuerza física es el rasgo más destacado de la actividad policial” y ha sido definida como “la función de la que aparecen investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es necesario mediante intervenciones

coercitivas que aluden al uso de la fuerza” .

Considerando que una acción de fuerza por lo general significa, a lo menos, la restricción temporal o suspensión del ejercicio de algún derecho ciudadano, puede apreciarse en toda su dimensión su carácter extraordinario, toda vez que la policía puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo. Así, el uso que la policía puede hacer de la fuerza se ampara en una base jurídica, cual es la fuerza coercitiva del derecho (prevención general), en tanto la policía es el órgano administrativo encargado de hacer cumplir, incluso de manera compulsiva,

la normativa vigente.

De allí resulta fácil comprender la sinonimia, tan propia del léxico común, cuando se habla de fuerza pública para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía. 

USO DE LA FUERZA

En primer lugar, es necesario tener un concepto claro y objetivo de lo que significa “fuerza”. La palabra tiene distintos significados, según el contexto, y suele entenderse como vigor, energía, acción de contacto físico; inclusive la consideramos como un acto de violencia.

Sin embargo, una definición apropiada de fuerza en el accionar policial es: “El medio a través del cual el efectivo policial logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas

dentro del marco de la ley”. La fuerza, así definida, debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional. 

El Policía no debe temer usar la fuerza. En la medida que su objetivo es siempre garantizar la vida e integridad física de las personas, los parámetros de uso de la fuerza aquí descritos, no exigen que el policía tenga que ser agredido primero o se exponga innecesariamente al peligro antes de poder hacer uso de la fuerza.

Los miembros de la policia tienen el derecho a defenderse de agresiones físicas y deberán adoptar medidas apropiadas para disminuir o evitar la violencia en su contra.

La facultad de recurrir al empleo de la fuerza en determinadas circunstancias cuando otros medios resultan ineficaces, lleva consigo la gran responsabilidad de velar para que ésta se ejerza lícita y eficaz.-

3.1. PRINCIPIOS DEL USO DE LA FUERZA

La Organización de las Naciones Unidas emitió en su Octavo Congreso sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) en 1990, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (PBEFAF), los cuales deben ser respetados en toda circunstancia, por lo que no cabe invocar situaciones excepcionales o de emergencia pública para justificar su incumplimiento.

Es de suma importancia y obligatoriedad que todas las intervenciones policiales se basen en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Estos principios deben ser puestos en práctica con un alto grado de racionalidad y sustentados en una conducta ética.

3.1.1. Legalidad

Todos los actos que realiza el efectivo policial en el cumplimiento de su función deben estar amparados en las normas legales (ley, reglamentos, directivas, entre otras); de igual forma los procedimientos que adopte el efectivo policial deben ceñirse a todas las disposiciones legales nacionales e internacionales.

El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legal.

3.1.2. Necesidad

La intervención policial debe ser la respuesta a una situación que represente una amenaza y que requiera de una acción inmediata para evitar su agravamiento en actos delictivos o ilegales.

El uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr un objetivo legal.

3.1.3. Proporcionalidad

Es la equivalencia entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada. En otras palabras, la cantidad de fuerza debe ser proporcional al objetivo legal deseado y a la gravedad de la amenaza sufrida.