Y ahora, ¿qué hacemos con esto?

San Luis no explotaba minas a cielo abierto, al menos no en los últimos 50 años. San Juan, Mendoza y Catamarca, fueron pioneras en el tema.

La Provincia protectora del medio ambiente, esquivó ofertas tentadoras de las empresas, como riqueza mineral, fuentes de trabajo y reactivación económica. Prefirió cuidar el agua, no dañar el ecosistema y limitar las explotaciones a productos que no requerían de técnicas agresivas de extracción, que podrían traer duras consecuencias para los pobladores.

El gobierno a cargo del CPN Claudio Poggi, presentó  una oferta tentadora, el Plan Maestro de Minería 2014/2020, propuesta acompañada por la totalidad “Todos los diputados” que dieron el sí al proyecto.

En 2012 el entonces ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte, Walter Padula recorrió las cámaras de diputados y senadores de la provincia, buscando consenso. Para en 2014 un año antes de terminar la gestión el entonces gobernador se dio el si de legisladores provinciales. 

El estado no podía explotar sus tierras, salvo que así lo disponga el Código Minero Nacional (CMN) en casos específicos, por eso la ley era necesaria, y con ella aparece la figura de la concesión legal a los particulares, que implica una serie de derechos y obligaciones con los pobladores y el medio ambiente.

En San Luis, la que otorgó la concesiones para ese entonces fue la Dirección Provincial de Minería. La devolución de quien tenga el beneficio, es un canon y cumplir con las inversiones mínimas que establece la ley (300 veces el valor del canon y completa en un plazo de cinco años) como condición se debe explotar la mina, o en caso contrario la concesión puede caducar y el bien vuelve al Estado.

Para ampliar las arcas, la ley se encargaba de dejar sentado que una empresa o particular puede solicitar la explotación de una mina vacante, o una que haya descubierto, con un permiso de cateo y, si lo considera conveniente, tendrá una prioridad sobre ese bien. También la ley prevé los casos de descubrimiento directo de parte de cualquier interesado nacional o extranjero, a partir de una exploración autorizada o un accidente de cualquier tipo que dejara al descubierto la riqueza mineral.

Las minas de primera categoría pertenecen al Estado. Son explotadas a través de una concesión legal. Las de segunda, menos importantes, se conceden al dueño del suelo.

Después de la aprobación del plan maestro presentado por Poggi, hoy se conocen la ubicación de los yacimientos, la empresa concesionaria, en su web: https://www.latinresources.com.au/san-luis-argentina, detalla que tiene unas 20 concesiones de yacimientos en San Luis y que entre otros también están autorizados para trabajar en María del Huerto, a 20 kilómetros de Concarán.