Patricia Bullrich: “El 20% de los detenidos son extranjeros”

“El 20% de los detenidos son extranjeros”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que confirmó que trabajan para acelerar las deportaciones de los extranjeros que delinquen o hayan entrado de manera ilegal a la Argentina. “Queremos que sea un trámite mas expeditivo, más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente”, adelantó la funcionaria.

La medida forma parte de un paquete de iniciativas oficiales para intensificar el combate contra la inseguridad, que es una de las principales preocupaciones de la sociedad. En paralelo el Gobierno avanza con la compra de 300 pistolas Taser, armas no letales, y con el envío al Congreso, en febrero, de un proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos graves.

En el caso de las deportaciones el oficialismo negocia con el peronismo un proyecto para endurecer la Ley de Migraciones, que incluye la creación de un Fuero Migratorio y una unidad de búsqueda de delincuentes extranjeros. “El objetivo es que todo aquel que venga al país lo haga para colaborar, y no para delinquir”, dijo la funcionaria. Además recordó que “el 20% de las personas que están detenidas son extranjeras”.

Explicó que uno de los planes oficiales es crear una Cámara Nacional Migratoria, que permita sentar jurisprudencia para los juzgados de primera instancia y así reducir los plazos de los procesos. “Queremos que sea un trámite mas expeditivo, más rápido, porque tiene que ver con la seguridad de la gente”, afirmó.

Explicó que Migraciones creó un listado de personas que están impedidas de estar en el país, “ya sea porque han cometido faltas o delitos” y que están generando “unidades especiales de búsqueda” para interceptar a las personas que se encuentren dentro de esa nómina.

Poco menos de dos años atrás el Ejecutivo oficializó cambios en la Ley de Migraciones que endurecieron las condiciones para los extranjeros que quieran entrar al país. Por ejemplo, prohibió el ingreso a quienes tengan antecedentes penales en su país de origen y modificó los plazos para acelerar los procesos de expulsión. Pero el DNU fue declarado inconstitucional, por lo que el Gobierno presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá definir al respecto.