Luego de las críticas dirigidas al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por la polémica compra masiva de alimentos con sobreprecios que estaba destinada a sectores vulnerables a precios mayores a los del mercado, el presidente Fernández decidió detener la transacción.
“Esta compra que se hizo todavía no se pagó. Di la orden de que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se plante al Estado en el momento de crisis que estamos viviendo”, expresó el presidente.
El máximo mandatario argentino, mostró su respaldo al Ministro al decir: “siempre confié en él y nunca dudé de su honestidad”. No obstante, se abrirá una causa en el ministerio de Desarrollo Social. La misma fue anunciada por el presidente, quien manifestó: “No apañaré corruptos”. La investigación tiene como finalidad determinar cómo se accedió a pagar una partida de alimentos con precios por encima de los de referencia que fija el Gobierno.
En este sentido, el Gobierno avanzará con un decreto por el cual se dispondrá que todas las compras que se hagan en el Estado deben respetar obligatoriamente la lista de precios cuidados. No se detendrá así el proceso de licitación iniciado por el Ministerio de Desarrollo Social pero se pagará lo que indique el mercado y no el sobreprecio que se había fijado.
A su vez, desde el Gobierno no se descarta sancionar a las empresas que actuaron de “mala fe”, al poner precios por encima del valor de mercado para proveer al Estado en este momento de emergencia.
“Vamos a ir a fondo para ver qué pasó y no descartamos sancionar a los vivos que se aprovecharon de esta situación”, dijo un Ministro que siguió de cerca lo ocurrido en las últimas horas.
El Presidente, como el resto de su equipo, creen que el ministro Arroyo actuó correctamente en medio de una emergencia y que hubo “empresarios avivados” que se aprovecharon de la situación.
A pesar de las críticas, Desarrollo Social decidió seguir adelante con la licitación y no anularla. “Seguimos, no se cometió ninguna deslealtad y los pasos fueron los correctos; además, ya se está entregando esa mercadería, no hay tiempo para perder”, aseguraron en el equipo de Arroyo.
El conflicto se inició cuando, luego de que la publicación de la compra en el Boletín Oficial, los ciudadanos se percataron que los precios no eran los correspondientes. En el caso del aceite, adquirido por el Estado para distribuirlo a merenderos y comedores, se autorizó compras por $164 millones a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. En los supermercados, un aceite de girasol de primera marca, como Cocinero, se vende a $145,79. Es decir, el Estado compró a un precio 14% más caro.
Pero si la compra se realizara con los productos del programa Precios Cuidados, la diferencia sería todavía mayor. En la lista de precios elaborada por el Gobierno se encuentran los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $ 121 cada una, en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%.
Arroyo explicó en las redes sociales que se trató de “una compra extraordinaria” de alimentos para asistir a 11 millones de personas, y reconoció que en dos rubros, (aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kg) “la oferta superó los precios testigos”. Explicó que “ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica se decidió realizar la compra” y aseguró que “todas las compras fueron realizadas bajo la supervisión de la SIGEN, el Instituto Nacional de Alimentación y de acuerdo a las normativas realizadas por el decreto 260/2020”.
Fuente: Infobae. –
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