La idea es sugerir al Ejecutivo Municipal que, al momento de la contratación de personal, las personas que ocupen los puestos no tengan condenas por violencia de género. Además “se solicita a las cámaras que hagan las leyes, o modifiquen las existentes para que los funcionarios municipales no puedan ejercer si son personas con condenas previas por violencia de género”, dijo el edil.
“Si bien homologamos la adhesión a la Ley Micaela, radica en que es una capacitación para todos los poderes, así que la idea era apostar un poco más y realmente dar alguna acción que tenga que ver en el apoyo a las víctimas de violencia de género y repudio a los agresores. A mi entender deberían quedar exceptuados de por vida de ejercer cargos públicos directamente”, aseguró el concejal.
El tema tomó estado legislativo en la sesión de ayer y pasó a comisión.
Fuente Infomerlo
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