La profesional presuntamente requería las órdenes médicas para expedir certificados de aptitud psicológica a los efectivos policiales que iban a postularse a los ascensos dentro de la fuerza, entre los meses de enero a septiembre de 2014.
Para la justicia, la conducta de la imputada está encuadrada en el artículo 265 del Código Penal Argentino “negociaciones incompatibles con la función pública”, y por lo que el Fiscal de Instrucción solicitó una condena de un año de prisión y la inhabilitación perpetua.
La primera jornada del debate oral se desarrolló de forma semipresencial y declararon cuatro testigos. El tribunal, conectado de forma remota a través del sistema de videoconferencia Cisco Webex, estuvo integrado por el Dr. Hugo Guillermo Saá Petrino, la Dra. Sandra Erlich y el Dr. Fernando de Viana.
El resto de las partes que intervienen en la causa son: el Fiscal de Cámara, Dr. Fernando Rodríguez, el Defensor Oficial, Dr. Esteban Salas y la Dra. Velia Guil, que actúa en representación del Estado Provincial.
Mañana a partir de las 9:30 horas, el tribunal recepcionará los alegatos de cada una de las partes.
Prensa Poder Judicial San Luis.-
