Duro comunicado del Superior Tribunal contra trabajadores judiciales en paro

Burlando las guardias del Edificio de Tribunales de calle Rivadavia y del Palacio de Justicia –que se vieron excedidos y desbordados en número-, procedieron a irrumpir y circular con bombos, bocinas y demás elementos sonoros, impidiendo con este accionar el normal servicio de Justicia en los distintos juzgados y dependencias de funcionarios, que este Superior Tribunal garantizó –ante el anuncio de huelga profusamente difundido– a la comunidad toda y en particular a los justiciables con causas en trámite en esta sensible época de fin de año.
Más grave aún, mediante este accionar agrupado, cobarde, violento, desafiante, provocador y claramente amedrentador para magistrados, funcionarios -y agentes que no adhirieron al paro- produjeron -entre otros perjuicios- la suspensión de los exámenes que el Consejo de la Magistratura de la provincia estaba tomando a Magistrados y Funcionarios que aspiran a cargos del Tribunal de Impugnaciones y Colegio de Jueces.
 Todo, con plena conciencia de su ilícito accionar patoteril, desdibujando sus individualidades en el anonimato y la impunidad que les da el grupo, al regodearse de la interrupción subiendo a las redes sociales el momento en que la Sra. Presidente del Consejo de la Magistratura -Dra. Monte Riso- explicaba a los atónitos catedráticos seleccionados como jurado técnico, las razones de esta interrupción.
Coadyuva en la certeza de lo que aseveramos, la conducta desplegada el primer día de paro -9 del corriente- al dirigirse en manifestación a Instituciones como el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis para imputarles “traición y demás epítetos irreproducibles” por no apoyar este infundado, injustificado e ilegal paro.
El derecho de huelga es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, eso sí, regulando el mantenimiento de servicios si estos son esenciales y en este caso: las garantías precisas articuladas por este Superior Tribunal para asegurar el mantenimiento de los servicios de Justicia a la comunidad fueron ilegalmente obstaculizados y detenidos al impedir -en los hechos- la tarea judicial en las dos últimas horas de mayor labor diaria.
El vandalismo puede ocurrir en cualquier momento, como en el caso, cuando las barreras comunales -el sentido de respeto mutuo y las obligaciones de civilidad- se reducen con acciones que indican que “no les afectan las consecuencias” a quienes la producen, incluyendo a quienes hoy -por mandato legal- son funcionarios.
El resto de nosotros, incluidos los agentes judiciales que no adhieren a la ilegal medida, reconocemos la importancia de mantener intactos, los valores de civismo y respeto.