El pasado 17 de agosto, el Ministerio Público Fiscal de la Tercera Circunscripción Judicial formalmente acusó a F.V.I., de Santa Rosa del Conlara, por los delitos de amenazas y desobediencia a la autoridad, ambos cometidos en el contexto de violencia de género. Sin embargo, en virtud del principio de inocencia garantizado por la constitución, no se proporcionan los detalles identificatorios del imputado hasta que su situación procesal se resuelva de manera definitiva.
El hombre, de 38 años, se encontraba bajo prisión preventiva desde junio de este año después de no cumplir con una orden de no acercamiento hacia su ex pareja. El caso ha sido llevado ante el juez de familia y violencia, quien dictó una prohibición de acercamiento mutua por 180 días.
A pesar de la orden judicial, el acusado continuó acosando y amenazando a su ex pareja en varios lugares, incluido su lugar de trabajo. En junio, la víctima se dirigió a la policía para informar que su ex pareja se encontraba cerca de su trabajo, lo que resultó en la detención del acusado después de un enfrentamiento en la comisaría.
La Fiscalía formalmente imputó al acusado por los delitos de desobediencia a la autoridad y amenazas, ambos en el contexto de violencia de género. Tras finalizar la etapa de investigación, la Fiscalía solicitó la elevación del caso a juicio y pidió una pena de cuatro años de prisión efectiva.
Sin embargo, la defensa del acusado presentó un acuerdo de juicio abreviado. En este acuerdo, el acusado reconoció su culpabilidad y aceptó una pena de prisión en suspenso por tres años. También se comprometió a someterse a tratamiento psicológico durante dos años y medio, a no consumir alcohol ni sustancias estupefacientes, a no causar disturbios en la vía pública y a no acercarse a su ex pareja.
El juez de garantías, Jorge Osvaldo Pinto, aceptó la propuesta de la defensa y dispuso la elevación del caso a la Cámara de Apelaciones con sede en Concarán. En vista de que el plazo de la medida de coerción había vencido, el juez ordenó la liberación del acusado, con las condiciones establecidas por la Fiscalía, hasta que se resuelva su situación procesal definitivamente.
Fuente: Periodico Judicial
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