Este miércoles, la Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción al proyecto que propone suspender por un año la Ley N°1081 de desfederalización parcial en materia de estupefacientes. Esta ley, aprobada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá, permite que los delitos menores relacionados con el narcotráfico sean investigados y juzgados por la justicia provincial en lugar de la federal.
El proyecto de suspensión fue enviado a la Legislatura por el Ejecutivo como parte del paquete de medidas del gobernador Claudio Poggi para combatir la inseguridad y la droga en la provincia. Poggi anunció estas medidas en su discurso el 1° de abril, señalando la necesidad de una revisión urgente de la desfederalización debido a los resultados insuficientes observados en otras provincias donde la ley está en vigencia.
La Ley N°1081, a la que San Luis adhirió en septiembre de 2022, habilita que infracciones como la venta, entrega, suministro y distribución de estupefacientes en pequeñas cantidades destinadas al consumidor final sean investigadas directamente por la Justicia de San Luis. Sin embargo, en la práctica, la provincia nunca implementó efectivamente un protocolo de actuación para esta ley.
Las estadísticas de la Procuración General de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) indican que en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa y Salta, donde la desfederalización está en vigor, no se han logrado resultados positivos. La falta de coordinación en las investigaciones ha dificultado la sanción a los grandes narcotraficantes, limitando las acciones principalmente a casos de comercialización en pequeñas dosis. Además, ha llevado a un aumento en los casos de tenencia y consumo personal, sin afectar significativamente el tráfico de drogas a gran escala.
Este fenómeno es especialmente preocupante en un contexto en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha identificado a la Argentina como uno de los países que integran “las cinco principales corrientes de tráfico de cocaína” hacia todo el mundo. Además, las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) colocan a nuestro país, junto con España, como los de mayor consumo de esta droga a escala global.
Con la media sanción de la Cámara de Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado para su consideración final. La aprobación de esta suspensión busca dar tiempo a la provincia para desarrollar estrategias más efectivas y coordinar mejor los esfuerzos entre las jurisdicciones provincial y federal en la lucha contra el narcotráfico.
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