Lo que en papeles era una labor sindical orientada a defender derechos laborales, en los hechos, según la Justicia, escondía un circuito de narcotráfico altamente rentable. Juan Carlos Insúa, dirigente del sindicato de obreros del sector cárnico y rural, y figura visible de la Federación de Trabajadores Agrarios, fue imputado como presunto organizador de una banda que habría traficado cocaína desde Buenos Aires hacia el interior del país durante al menos seis meses y que, según los investigadores, recaudaba más de $140 millones mensuales con la distribución de estupefacientes entre Buenos Aires y el oeste argentino.
Insúa fue detenido el 19 de junio de 2024 en un operativo realizado en las inmediaciones de La Punilla, cuando viajaba en una camioneta Fiat Strada acompañado por una mujer. En el vehículo se halló más de un kilo de cocaína. Desde entonces permanece con prisión preventiva, mientras la investigación avanzó hacia una figura aún más comprometedora: la de presunto jefe de una organización criminal.
De acuerdo a la causa, impulsada por la Fiscalía Federal de Villa Mercedes y con colaboración de la Procunar, Insúa habría aprovechado su rol gremial para montar una red de distribución de droga que incluía contactos en provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires. Las escuchas, que forman parte del expediente, muestran diálogos con tono empresarial donde se manejaban sumas millonarias y proyecciones de expansión a España.
Frases tales como “estamos construyendo nuestro imperio, al talle y la medida que nosotros queremos” y “con el ritmo del Gaucho y lo que tenés vos allá. Y si le sumamos Mendoza, en tres o cuatro meses estamos en otra galaxia, amigo”, evidencian la ambición del sindicalista devenido narco en un audio difundido, que forma parte de la investigación, a cargo del fiscal federal de Villa Mercedes, Danilo Miocevic, la Procunar, encabezada por Diego Iglesias y la Auxiliar Fiscal Florencia Compaired.
Insúa supo ocupar cargos formales en el Sindicato de Obreros de Frigoríficos Empleado de Carne (S.O.F.E.C.A.) y en la Federación de Trabajadores Agrarios (Fe.T.A.R.A.), que en realidad eran la pantalla perfecta para no levantar sospechas por sus múltiples movimientos al interior puntano.
En enero de 2023, impulsó la creación de la Delegación San Luis del sindicato S.O.F.E.C.A., designando a Insúa como “delegadoreorganizador”. De la misma forma y ese mismo mes, Fe.T.A.R.A. creó la delegación normalizadora de la provincia de San Luis, y también designó al compañero Insúa como encargado de ese proyecto.
La logística incluía la adquisición de los ladrillos de cinco kilos de cocaína semanales a un proveedor peruano, con base en Buenos Aires, que tenían como destino Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. La droga, de origen boliviano, o sea de menor pureza que la de origen peruano, era más barata, pero suficiente para multiplicar ganancias. El circuito cerraba con envíos regulares, puntos de encuentro en la vía pública o en estaciones de servicio de localidades intermedias entre San Luis y CABA, como Laboulaye (Córdoba), Rufino (Santa Fe) o Junín, Chacabuco o Luján (Buenos Aires) y el respaldo de familiares: su pareja Sandra Cnochaert y su hijo Juan Cruz eran piezas clave. La novia de Insúa, Sandra Cnochaert, era una de las principales testaferros y prestanombres de la organización. Con ella viajó a Miami para blanquear parte del dinero y registrar imágenes que ahora forman parte del expediente. Juan Cruz Insúa, su hijo, ponía a disposición los vehículos con los que operaban.
Las operaciones se camuflaban bajo eufemismos como “novillos”. La droga, según la pesquisa, era comprada a un proveedor peruano en Buenos Aires, mientras la distribución local quedaba en manos de su socio, Raúl Ramayo, el principal coimputado en la causa, y Diego “El Gaucho” Funes. El centro operativo en el que se hacían los intercambios, entre las 22:30 y la 1 de la madrugada, era un campo en Villa Mercedes alquilado bajo el nombre “Camping Fetara” o más bien “el campo de merca”, así conocido por los miembros de la banda.
Además, el socio de Insúa se guardaba un kilo para entregar a revendedores en Merlo, su ciudad, y en Carpintería, un pueblo vecino. Cada gramo se vendía a $7.000. El precio a los revendedores, en mayo de 2024, rondaba los $12.000 el gramo. Si se proyecta este valor, el kilo distribuido entre los revendedores de Merlo, Villa Mercedes y Carpintería significó para la banda una ganancia de $12.000.000. A esta maniobra la llamaban “lo nuestro”, debido a que no existían intermediarios. Es decir, Insúa le daba a su socio, Raúl Ramayo, la cocaína, y Ramayo le entregaba el dinero de la recaudación de la venta del envío anterior.
Sobre esta base, teniendo en cuenta los envíos de aproximadamente cinco kilogramos semanales, se estima que el negocio le significó al dúo $35.000.000 de ingresos brutos semanales, o bien, unos $140.000.000 mensuales. Proyectado a los seis meses en que se evidenció esta mecánica, habría adquirido un total aproximado de $840.000.000, equivalentes a 120 kilos de cocaína.
El abogado de Insúa, Pascual Celdrán, aseguró que el sindicalista fue usado como chofer para trasladar a una mujer desconocida y que no tenía conocimiento del contenido de la carga. “Aparentemente Ramayo, el otro coimputado, le pidió que la traiga de Buenos Aires, porque él venía por su actividad de gremialista a la provincia de San Luis y le pidió que la traiga”, indicó.
El imputado “no tiene antecedentes penales, es un empresario, una persona bien, con un nivel universitario”, insistió el letrado, al tiempo que criticó duramente la filtración de audios a la prensa. “Es bochornoso que investigaciones que deben ser privadas se filtren así”, denunció y apuntó a que “hay alguien que no es la Fiscalía, no es el Juzgado que filtra a la prensa esos pedazos de audio que son motivo de investigación, lo cual es muy peligroso”.
La situación procesal de Insúa se agravó en los últimos días, cuando se le notificó una ampliación de cargos. Las autoridades ahora buscan desentrañar el entramado financiero de la banda, con presuntas ramificaciones en lavado de activos. Se investiga la participación de al menos trece personas más, incluyendo a familiares directos del gremialista.
Mientras la defensa sostiene su inocencia, los fiscales sostienen que la fachada sindical fue clave para evitar sospechas en el interior del país y facilitar la logística. La causa sigue su curso en la Justicia.
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