Este viernes, el gobierno de Estados Unidos comunicó una medida que afecta directamente a la ex mandataria argentina Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y al exministro de Planificación, Julio De Vido. La prohibición de entrada al país, anunciada por el Departamento de Estado, se debe a las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos, específicamente por su vinculación con esquemas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas durante el mandato de Kirchner.
Según el comunicado oficial, las investigaciones apuntan a que la ex mandataria y De Vido se habrían aprovechado de su sus posiciones de poder para organizar y beneficiarse económicamente de sobornos con contratos de obras públicas, lo que habría generado un perjuicio millonario para el Estado argentino. A pesar de la denuncia, el documento no menciona detalles sobre las causas judiciales que actualmente están en curso en la Justicia Argentina.
Es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos se pronuncia de manera oficial contra figuras de la administración kirchnerista, señalando a los implicados como responsables de socavar la confianza pública en las instituciones argentinas. “Múltiples tribunales han condenado a Cristina Kirchner y Julio De Vido por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro del país”, señala el comunicado emitido desde Washington, con la firma del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio.
El Departamento de Estado también reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción a nivel global, destacando que “continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusen del poder público con fines personales”, sin importar su posición.
Las sanciones fueron impuestas bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado de 2024, extendida por la Ley de Apropiaciones Continuas de 2025, afectan no solo a los mencionados directamente, sino también a sus familiares cercanos. Esta legislación exige que el Secretario de Estado sancione, pública o privadamente, a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando existan pruebas creíbles de su participación en actos de corrupción significativa o en violaciones graves a los derechos humanos.
El Departamento de Estado notificó al gobierno de Javier Milei sobre la sanción.
Cristina Kirchner estaba desde hace tiempo en la mira de Rubio y de otros legisladores republicanos, entre ellos, el senador Ted Cruz, que había pedido en reiteradas oportunidades sanciones contra la ex presidenta y ex vicepresidenta por sus múltiples causas por corrupción en la Argentina. De hecho, Cruz fue el primer senador en pedir sanciones contra Cristina Kirchner en una carta enviada a mediados de 2022 a Antony Blinken, el entonces secretario de Estado del gobierno de Joe Biden.
Rubio además había insitido a la Casa Blanca de Biden para que sancione a Cristina Kirchner. A fines de 2023, Rubio y otros cuatro senadores republicanos enviaron otra carta a Blinken en la que llamaron “cleptócrata convicta” a Cristina Kirchner. Esa misiva hizo un repaso del prontuario judicial de la ex presidenta: mencionó la condena del 6 de diciembre de 2022 en la llamada “Causa Vialidad”, la llamada “Ruta del dinero K”, y la causa Hotesur, además de la investigación por el memorando con Irán y la muerte del Fiscal Alberto Nisman.
