El catalán deberá definir si declara o no la independencia. Cataluña podría ser intervenida.
l gobierno español le recordó ayer al presidente catalán, Carles Puigdemont, que le quedan tres días para evitar una posible suspensión de la autonomía de su región, y le reprochó no haber contestado a su pregunta de si ha declarado o no la independencia.
La peor crisis política en 40 años de democracia en España continúa profundizándose, dado el diálogo de sordos entre el gobierno de Mariano Rajoy y el ejecutivo separatista de Puigdemont.
La batalla se libra al mismo tiempo en los tribunales. Este lunes, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero quedó en libertad provisional tras declarar por segunda vez ante la Audiencia Nacional, acusado de sedición, pero le retiraron el pasaporte y tendrá que presentarse en el juzgado cada quince días.
Se le acusa de “sedición”, por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.
Rajoy pide claridad
En una sesión parlamentaria confusa, el pasado martes, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido del referéndum inconstitucional del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de si-, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con Madrid.
Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado plazo hasta este lunes.
Este es el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central suspender la autonomía de una región si desobedece la ley.
Sin embargo, en su carta Puigdemont eludió contestar y ofreció dos meses para dialogar.
“El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados”, dijo la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Saénz de Santamaría. “Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (…), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere”, escribió el jefe del gobierno español.
Puigdemont por su parte escribió que la “prioridad” de su gobierno es “buscar con toda la intensidad la vía del diálogo”, por lo que “durante los dos próximos meses, nuestro principal objetivo es dialogar”.
Prisión preventiva
La fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó ayer la prisión preventiva para los líderes de dos influyentes asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, imputados por el delito de sedición, informaron fuentes judiciales.
Sánchez y Cuixart, que comparecieron este lunes por segunda vez ante el alto tribunal en Madrid, son señalados de haber convocado y arengado a centenares de manifestantes el 20 de septiembre, que dificultaron por horas la salida de agentes de la policía española que registraban unas dependencias del Gobierno catalán en Barcelona.
Por ese caso también están encausados, por presunta sedición, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y la intendente del cuerpo, Teresa Laplana.
El delito de sedición puede ser castigado con hasta quince años de cárcel. Trarapero, de quien se sospecha que no hizo lo suficiente para impedir el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre en Cataluña, quedó en libertad provisional este lunes, al igual que Laplana.
Se espera que la jueza también anuncie esta jornada su decisión sobre Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, y Cuixart, de Ómnium Cultural.