La empresas de transporte de pasajeros de larga distancia recibieron ayer como buena noticia a medias el cambio de banda tarifaria fijada por el Gobierno, ya que aducen que, si bien representa una mejora frente a la norma previa, no les permite bajar en mayor proporción sus precios en días o servicios de escasa demanda o al vender con mayor antelación, para poder atraer más clientes y ser más competitivos.
Los empresas vienen reclamando hace tiempo un nuevo marco regulatorio que les permita ganar eficiencia y pasajeros, en un contexto de creciente competencia de las compañías aéreas, muchas de las cuales ofrecen tarifas en “banda negativa” para viajar dentro del país, que en algunos casos se acercan o son menores a las fijadas por los micros.
El Ministerio de Transporte publicó ayer, en el Boletín Oficial, la resolución 718-E/2017, en la que implementa cambios en la banda tarifaria para el transporte de Pasajeros de larga distancia, permitiendo ampliar los valores mínimos y máximos, en referencia a la tarifa media por kilómetro.
Establece, por ejemplo, un valor medio por kilómetro $ 1,104, con un mínimo de $ 0,939 (un 18% menos que la previa en baja temporada) y un máximo de $ 1,657 (un 4,2% más que anterior, en alta). Antes, en temporada baja, la media era de $ 1,215, con un mínimo de $ 1,154 y máximo de $ 1,458, y en alta estaba fijada en $ 1,325 por km, con una mínima de $ 1,259 y $ 1,590, según especificaron desde la Celadi, Cámara Empresaria de Larga Distancia, que reúne a la mayor parte de las empresas del sector.
Así, por ejemplo, desde Buenos Aires un viaje a Córdoba se puede cobrar desde $ 669 hasta $ 1.181. Antes, los valores era $ 823 a $ 1531 en baja y $ 898 a $ 1.134 en alta.
Ante este escenario, reclaman un cambio de marco regulatorio, que les permita no sólo flexibilidad en tarifas, sino también adaptarse a la demanda, agregando servicios a destinos más solicitados y quitando otros con escasa ocupación; código compartido entre compañías (para juntar servicios que salgan con escasa diferencia horaria a un destino, en caso de baja ocupación); una jornada laboral específica, de relevo por postas, y dar por terminado con los permisos precarios, ya que todos están vencidos, algo que, aseguran, no les da respaldo legal a la hora, por ejemplo, de pedir un crédito.