Susana Martinengo, la ex funcionaria de Cambiemos y encargada de coordinar un área de Documentación Presidencial de Mauricio Macri, se reunía con espías en la Casa Rosada.
Esta relación de Martinengo con el espionaje la llevará este jueves a enfrentar al juez Federico Villena, que mandó detenerla acusada de ser parte de una asociación ilícita que violó a ley de inteligencia. Por lo menos recibió una buena noticia: la fiscal Cecilia Incardona dictaminó en favor de otorgarle la prisión domiciliaria porque tiene 64 años y es paciente de riesgo de coronavirus.
Anoche, otra de las detenidas, Maria Mercedes Funes Silva, consiguió la prisión domiciliaria. La mujer, de 40 años, tiene una hija menor con problemas de autismo y se decidió enviarla a su casa con pulsera electrónica, en base a las nuevas pautas establecidas en noviembre pasado para limitar las prisiones preventivas. Una de ellas, Belén Sáez, nunca llegó a una dependencia policial por tener un hijo de tres meses de edad. Es posible que otras mujeres de la causa, que también tienen hijos menores, consigan la detención domiciliaria en las próximas horas.
Detenida desde el martes, Martinengo está incomunicada en una dependencia de la Policía Federal a donde fueron llevados los arrestados a la espera de sus indagatorias. Este jueves, cuando se presente en el juzgado de Lomas de Zamora, la ex funcionaria tiene la decisión de declarar. Martinengo negará las acusaciones y buscará minimizar el voltaje de los indicios en su contra. Le achacan haber tenido contactos con espías del grupo “SuperMarioBross”, recibir informes de inteligencia y habérselos entregado al secretario privado de Macri, Darío Nieto.
La situación de Nieto, en tanto, está en la mira del juzgado: mientras el ex funcionario dio distintas entrevistas diciendo que lo involucraban a él para atacar a Macri y que ponía las manos en el fuego por el ex presidente, el juez Villena decidió rechazar su eximición de prisión por haber tenido una “actitud evasiva” durante el allanamiento que se hizo en su casa el jueves. Su defensa apeló la decisión a la Cámara Federal de La Plata. Pero además reclamó la nulidad del allanamiento y el secuestro de su celular.
Según surge de la documentación del juzgado, el jueves de la semana pasada, cuando la policía fue a buscarlo, el joven se encerró en el auto, manipuló el teléfono y dio alerta a sus familiares y conocidos de que habían llegado en un operativo a su casa. Todo sucedió frente a policías y el obrar, dijo el juez, pudo haber ayudado a la destrucción de evidencia. Nieto, en declaraciones a la prensa, negó haberse atrincherado y haber borrado mensajes.
Si borró o no sus mensajes, como había trascendido, es una información que no fue confirmada en fuentes judiciales. Sin embargo, todo el material fue peritado y, de haber algún intento de borrado de ese material, personal especializado puede recuperarlo.
Además de Martinengo, este jueves serán trasladados al juzgado el ex jefe de Contrainteligencia Diego Luis Dalmau Pereyra, y los espías Jorge “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Federico Matta y María Mercedes Funes Silva. Todos ellos habían sido convocados por la comisión bicameral de fiscalización y organismos de inteligencia y habían dado detalles, confirmando las operaciones que realizaban. La mayoría apuntó contra Alan Ruiz, el director de Operaciones Especiales que ya está detenido en la causa por el espionaje al Instituto Patria. Pero también dispararon por elevación a los directivos de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Hay que esperar si alguno busca probar suerte de convertirse en arrepentido. Para aplicar esa figura, tiene que aportar información verificable que el juzgado ya no tenga. Como mostró la causa de los cuadernos, aun si un detenido logra llegar a un acuerdo como imputado-colaborador con la fiscalía, será después el juez el que deba convalidarlo.
La causa por el espionaje ilegal se abrió en marzo pasado a partir del testimonio del narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez y destapó una red de espionaje ilegal que tuvo como objetivos a unas 50 víctimas. Desde la vicepresidenta Cristina Kirchner, al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hasta los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, los ex diputados del PRO Emilio Monzó y Nicolás Massot, y los intendentes o ex intendentes Pablo Bruera, Jorge Ferraresi, Martín Insaurralde o Fernando Espinoza, entre otros.
Fuente: Infobae.