Desde que comenzó el gobierno de Milei, el Ministerio de Seguridad incorporó una línea de denuncias para beneficiarios de planes sociales que están siendo extorsionados por los movimientos piqueteros para protestar en las manifestaciones. La línea 134 recibió más de 13 mil llamados, de los cuales se atendieron 2720 casos y quedaron 924 denuncias registradas en todo el país.
El fiscal Gerardo Pollicita junto al juez federal Sebastián Casanello, investigan estas denuncias referidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la investigación compartieron chats que mantiene una organización social con los beneficiarios en el cual vetaban de mercadería a las personas que no se presentaron en las movilizaciones.
A raíz de esto, el fiscal y el juez pidieron allanar los domicilios del Polo Obrero y Barrios de Pie entre otras organizaciones. En total se realizaron 27 allanamientos. Entre los acusados figuran, entre otros, Jeremías Canteros, Elizabeth Palma y otros tres dirigentes de apellidos Puppo, Delgado y Vásquez, que integran el Polo Obrero y otros grupos piqueteros que administraban comedores populares. También está bajo la lupa la actuación del Movimientos Barrios de Pie y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
El fiscal Pollicita entonces pudo reunir las piezas para una primera hipótesis, en la cual, los comedores y las organizaciones vinculadas a las grandes organizaciones sociales, presentan un orden jerárquico piramidal, donde controlaban quien recibía o no un beneficio social y ordenaba a los escalones más bajos de la pirámide su presencia en las manifestaciones. El nivel superior de esta pirámide estaría conformado por “referentes” que dirigen la actuación de los delegados, ejecutan por sí mismos o por terceros la intimidación a las víctimas y controlan la recaudación y la asistencia a las “movilizaciones”. En el medio, la recaudación de planes y tareas es dividida por los “delegados” y los “beneficiarios comunes”. En el escalón inferior se encuentra la “lista de espera” que como dice su nombre, esperan para cobrar o recibir la asistencia.
En los allanamientos en el “Frente Organizaciones en Lucha” se secuestraron, U$D 54.400, $478.800, un celular y un boleto de compraventa de una propiedad. En el “Polo Obrero” se secuestraron, U$D 16.425, $6.800.589, 4 notebooks, 3 CPU, 1 DVR y 4 memorias portables. Estos elementos ya se encuentran en resguardo y son evidencia para seguir con la investigación.
El mensaje de los grupos sociales:
En la tarde del martes 14 de mayo, los directores de las organizaciones sociales dieron una conferencia de prensa en Plaza de Mayo donde no mencionaron nada sobre la investigación. Ellos remarcaron que se trataba de una persecución política e ideológica que nada tenía que ver con los beneficiarios de los planes sociales, si no un apriete por parte del gobierno.
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