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La Cámara de Casación decidirá el futuro del arresto domiciliario de Cristina Kirchner

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A través de un extenso escrito de 33 páginas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, representantes del Ministerio Público, presentaron este jueves una apelación ante la Cámara Federal de Casación pidiendo que se revoque el beneficio del arresto domiciliario concedido a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y que la expresidenta cumpla su condena de seis años de prisión en una unidad carcelaria, tal como lo dictó el fallo original.


Los fiscales no solo cuestionan la validez de la prisión domiciliaria, sino que en el documento también argumentan que “no nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria” y refuerzan la necesidad de que Kirchner enfrente las consecuencias de su condena en un establecimiento penitenciario, alegando que el arresto en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, podría enviar una señal equivocada a la sociedad.

La expresidenta fue condenada por administración fraudulenta en el marco de la causa Vialidad, pero goza desde principios de mes del beneficio del arresto domiciliario que incluye el uso de una tobillera electrónica y un estricto régimen de visitas. Sin embargo, a tan solo diez días de haber comenzado a cumplir con la medida, Cristina Kirchner, a través de su abogado Carlos Beraldi, presentó una segunda impugnación a una de las reglas de conducta en la que el Tribunal Oral Federal 2 exige la remoción de la tobillera electrónica, además de solicitar que las visitas fuera de la lista previamente entregada al tribunal no requieran autorización judicial.

En tanto, la resolución definitiva sobre el futuro de esta disputa judicial está en manos de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, conformada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deberán determinar si se mantiene la medida de arresto domiciliario o si, por el contrario, se revoca.

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