Este lunes, la Justicia de Estados Unidos rechazó un pedido de la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA) para revocar el fallo que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la nacionalización de YPF.
De esta manera, la jueza Loretta Preska, titular del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, confirmó la sentencia, que beneficiará a la firma inglesa, Burford, y la estadounidense, Eton Park. Pues, según sostuvo, no es válida la solicitud de intervención, presentada el 17 de febrero, en tanto que pasó casi un año y medio de iniciado el caso.
En la moción para anular el fallo, la ONG probó con documentos e información que la compra del 25% de las acciones de YPF por parte del grupo argentino Petersen (de la familia Eskenazi), en 2008, fue fraudulenta y que el matrimonio Kirchner estuvo involucrado.
En este sentido, se solicitó a la jueza que detuviera el proceso, anulara la sentencia y que se iniciara una investigación penal contra los demandantes y demás partes involucradas, incluyendo a la expresidenta y a la familia Eskenazi.
Según la denuncia, “la familia Kirchner obligó” a Repsol a vender “un 25% de YPF a la familia Eskenazi”, que después de la nacionalización en 2012, no pudo afrontar el pago de los préstamos tomados para ingresar a YPF y las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía quebraron en España.
En 2015, tras adquirir los derechos de litigio de las sociedades constituidas en España, las cuales antiguamente habían pertenecido al grupo Petersen, los fondos Burford y Eton Park impulsaron el reclamo de millonarias compensaciones al Estado argentino.
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Aunque la Argentina argumentó que la ley de nacionalización de YPF le impedía adquirir acciones adicionales, la jueza Preska alegó que el país debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol y respetar los derechos de los accionistas minoritarios.
Respecto a la causa, avanzará por diferentes canales. En primer lugar, se espera la resolución de la apelación al fallo de primera instancia, aunque se preveen novedades de la Corte de Apelaciones neoyorquina hasta luego de transcurrido un año mínimamente.
Frente a la situación heredada, el Gobierno Argentino, a través de la Procuración, reiteró “su voluntad de colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodearon” la nacionalización de la petrolera.Ahora bien, la deuda continúa aumentando. Durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei, se sumaron USD 1.000 millones de intereses respecto al monto indemnizatorio inicial de USD 16.000 millones.
La Justicia de EEUU rechazó el pedido para anular el fallo por la nacionalización de YPF

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