La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró como “ilegal” el Protocolo de Seguridad impulsado por la ministra Patricia Bullrich, a través de la firma de tres relatores especiales. En un comunicado, expresaron que las medidas no son compatibles con los estándares internacionales y constituyen una violación de los derechos fundamentales.
En el documento, los relatores especiales destacaron que “el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”. Asimismo, subrayaron que la principal obligación de las fuerzas policiales es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen.
El Protocolo de Seguridad de Bullrich establece que las protestas y cortes de calle son considerados un delito flagrante, lo cual fue criticado por la ONU como una potencial criminalización de la protesta social.
Los relatores de la ONU recomendaron al gobierno argentino revisar la resolución y el proyecto de ley ómnibus para garantizar su compatibilidad con las normas internacionales y evitar restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica.
La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, respondió a las críticas de la ONU indicando: “Estos relatores no tienen la menor idea del daño que sufre la Argentina con el viva la pepa que vivió el país. Les voy a contestar por amabilidad porque ellos ni siquiera nos consultan, tienen opiniones sesgadas de un sector”.
El documento fue firmado por Clement Nyaletsossi Voule, Irene Khan y Mary Lawlor, relatores especiales de la ONU.
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