Este lunes, se reanudaron las audiencias de la causa judicial que investiga a once imputados por presunta asociación ilícita, estafas inmobiliarias y falsificación de documentos. El fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Francisco Assat Alí, estima que el perjuicio generado por las maniobras fraudulentas supera los $6.334 millones en propiedades.
La causa involucra a una serie de profesionales del sector inmobiliario y legal. En el marco de las audiencias, que se prolongarán durante varias semanas, hoy se plantearon apelaciones a las acusaciones iniciales, así como diversas excepciones que deberán ser resueltas por el juez a cargo.
Uno de los actores clave en este proceso es el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, que se ha sumado a la causa en calidad de “amicus curiae”, una figura legal que le permite intervenir como observador imparcial del procedimiento judicial para garantizar que no se vulneren las garantías constitucionales de los matriculados. Gabriel Alessandro, presidente de la institución, explicó que la decisión de participar fue tomada por el directorio del Colegio, teniendo en cuenta la trascendencia pública del caso y la cantidad de abogados que podrían estar involucrados.
La intervención del Colegio “es absolutamente objetiva a los efectos de monitorear el procedimiento y que no se vulnere ninguna garantía de los profesionales”, aclaró Alessandro, quien enfatizó que su institución se mantiene al margen de los hechos que se investigan, limitándose a velar por los derechos de los profesionales. “Lo que no podemos hacer es esquivarle a nuestra responsabilidad”, subrayó.
Al ser consultado, el presidente del Colegio también se refirió a rumores sobre posibles vulneraciones de derechos de los profesionales, como el allanamiento virtual de un abogado implicado en el expediente. Sin embargo, Alessandro aclaró que, por el momento, no tiene información oficial sobre estos hechos y prefirió no hacer comentarios sobre los trascendidos.
El procedimiento judicial avanza con una atención especial sobre el ejercicio profesional, ya que el Colegio también tiene la responsabilidad de controlar la conducta ética de los abogados involucrados. En caso de que se determine alguna infracción o mala praxis, el tribunal de ética de la institución será el encargado de tomar las medidas pertinentes.
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