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El ciberabuso infantil en San Luis podría costarle 25 años de cárcel a los imputados

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Un importante operativo internacional, denominado “Aliados por la Infancia V”, ha puesto en el foco a tres hombres de la ciudad de San Luis que enfrentan graves cargos por la posesión de material de abuso sexual infantil.

Los imputados, Gastón Nelson Salinas, Eduardo Luis Bonilla y Emilio Soria, podrían recibir una pena de hasta 25 años de cárcel si se comprueba que el material incautado estaba destinado a su comercialización.

En los allanamientos, se encontraron miles de archivos de explotación infantil en poder de los acusados. Solo a Bonilla se le secuestraron más de 2.500 archivos, mientras que en el caso de Soria la cifra es aún mayor. Según la psicóloga forense Daniela Gasparini, la magnitud del material sugiere que podría tratarse de una red de gran alcance, tanto a nivel nacional como internacional.

Lo que dice la ley y el impacto en las víctimas

La Ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, establece que la explotación de menores de 13 años puede acarrear una pena de 6 a 15 años de prisión, que puede agravarse con años adicionales. “Ya sea un consumo digital o el contacto con el niño, niña o adolescente a través de una red social o de la virtualidad, sin necesidad de lo presencial, estamos hablando de un abuso sexual. La presencia de una pantalla o cámara no evita que un niño sufra daño ni que se vulneren sus derechos”, afirmó la psicóloga.

Gasparini enfatizó que la comercialización de este material configura el delito de trata de personas, incluso sin que haya habido contacto físico con las víctimas. Además, el simple hecho de poseer o distribuir este tipo de contenido constituye un delito en sí mismo, con penas de 3 a 6 años de cárcel según la Ley 27.436.

Un punto crucial abordado por los fiscales del caso y la especialista es el uso del término “material de abuso sexual infantil”, en lugar de “pornografía infantil”. Esta distinción es vital, ya que el término correcto evita revictimizar a los niños y adolescentes, quienes no son actores, sino víctimas de violencia sexual.


Fuente: Poder Judicial San Luis.

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