Tras una audiencia de formulación de cargos, el Juzgado de Garantías N° 3 de San Luis resolvió otorgar una prórroga de ocho días a Emilio Soria, imputado por la facilitación, distribución, publicación y divulgación de representaciones de menores en actividades sexuales explícitas, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, en el marco de una causa por distribución de material de abuso sexual infantil. El acusado permanece alojado en una comisaría local mientras avanza la investigación.
Soria, técnico en informática, fue detenido el martes tras un allanamiento en su domicilio, como parte del operativo internacional “Aliados por la Infancia V”. Su abogado defensor, Martín Pérez Ruta, informó a la prensa que el acusado prestaba servicios de informática en la Agencia de Noticias San Luis bajo la modalidad de contrato renovable cada tres meses.
En cuanto a la formación técnica de su defendido, Pérez Ruta señaló: “Se usan muchos programas para su trabajo y por ahí uno va tocando. Como le pasa a uno mismo en los celulares por ahí va bajando cosas de Tik Tok o Facebook o te aparece una propaganda. No sabemos si tocó o no tocó, veremos las pruebas”.
Según la fiscal María Delia Bringas, a cargo de la Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1, el acusado habría mantenido un modus operandi de descargas masivas de contenido ilegal que involucra a menores durante ciclos de diez días continuos, las 24 horas, desde hace cuatro años.
“La descarga de material ha sido terrible”, detalló la fiscal de instrucción. Los archivos fueron encontrados en una “cantidad abismal” (películas, videos y fotos pesadas de menores incompatibles con dispositivos pequeños, como un celular) en su computadora y discos externos incautados durante el procedimiento.
“Estoy hablando de grandes cantidades de material. De hecho creemos que es una modalidad en la que se descarga un gran número de material que después sirva para estar varios días sin hacerlo. Luego consumirlo ya offline y después volver a repetir este espiral”, explicó Bringas. Sobre esto indicó que se trata de “material de sexo explícito entre adultos y niños, de partes del cuerpo de pequeños de muy baja edad”.
La investigación se inició en 2021 a partir de alertas emitidas por ICACCOPS, una organización internacional dedicada a detectar tráfico de material de abuso sexual infantil en la web. En un principio, las conexiones se realizaban desde IP públicas, lo que dificultó la localización. No fue hasta que la madre del imputado dio de alta un servicio de Internet local y contrató uno privado que se logró vincular la actividad con una dirección física en San Luis.
El 29 de junio, las autoridades lograron rastrear la dirección IP desde la cual se efectuaron las descargas, localizando la actividad en la ciudad de San Luis. Con esa información, la Fiscalía dispuso allanamientos simultáneos en tres viviendas pertenecientes al entorno familiar de los Soria: dos inmuebles ubicados en Malvinas Argentinas al 405 y 411 y otro en Yapeyú al 1120, donde residen los padres, un tío y el principal acusado. Durante uno de los procedimientos, se constató que la computadora del imputado estaba vinculada de manera directa a la IP identificada por el sistema internacional ICACCOPS, y los peritajes digitales posteriores confirmaron la presencia de material de abuso sexual infantil.
Soria se abstuvo de declarar y permanece bajo custodia mientras se profundiza la pesquisa. En este marco, la jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo Samper, concedió la prórroga solicitada por la defensa, quien presentó tres pedidos durante la audiencia. El primero de ellos, que se registrara oficialmente su rol de defensor, pero la magistrada aclaró que no hacía falta fuera de la audiencia. Además pidió la aplicación de los artículos 141 y 122 del Código Procesal, que garantizan la presencia de las partes en diligencias irrepetibles y pericias informáticas sobre los dispositivos secuestrados. Sin embargo, sus planteos fueron considerados imprecisos por la magistrada y debieron ser reformulados.
Por el momento, no se ha determinado si existe un trasfondo económico vinculado a la comercialización del material ni si parte de los contenidos fueron producidos en la provincia. La Fiscalía trabaja en despejar esa incógnita a medida que avance el análisis forense de los dispositivos secuestrados, tarea que será abordada por el Área de Delitos Complejos de la Dirección General de Investigaciones (DG13).
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