De ese total, 240 personas que percibían el beneficio tenían domicilio en otras provincias del país y otras 12 ya han fallecido. Sin embargo, el beneficio era cobrado por alguien más.
El censo a los beneficiarios del Plan de Inclusión comienza a aclarar algunos puntos oscuros y permite, como dijo el gobernador Claudio Poggi, “saber dónde estamos parados”. Por eso, tras detectar 252 casos irregulares, el ministerio de Desarrollo Humano ya decidió darlos de baja.
“Hoy mismo desde el Ministerio se emitió urgentemente una resolución para dar de baja estos beneficios que no corresponde que se perciban. Por otra parte, se realizará una investigación para determinar quiénes son las personas que continuaron percibiendo el beneficio luego que los titulares hubieran fallecido, porque se trata de una estafa”, puntualizó la ministro de Desarrollo Humano, Mónica Becerra.
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