En un contexto nacional marcado por la retracción económica y la disminución sostenida de los recursos provenientes de la coparticipación federal, este martes, el Gobierno de San Luis envió a la Legislatura un proyecto de ley para extender por dos años la vigencia parcial de la Ley de Emergencia Económica, que expiraba a fin de año.
La directora de Finanzas y Recursos, Eugenia Sosa Herrera, fue la encargada de explicar los alcances de la medida durante una conferencia de prensa brindada este miércoles en la Casa de Gobierno. La funcionaria remarcó que San Luis atraviesa “el peor año recaudatorio en términos reales” de la última década y que la situación es compartida por otras provincias, sin distinción política.
Más del 75% de los ingresos mensuales provinciales dependen de la coparticipación federal y otras transferencias nacionales automáticas que hoy registran fuertes caídas, sostuvo. Por este motivo, mencionó que están discutiendo proyectos para liberar fondos afectados y permitir un uso más flexible, así como nuevas formas de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El proyecto de ley contempla la continuidad de ciertos artículos clave de la ley original, entre ellos, la prohibición de incorporar nuevos cargos en la administración pública y en el Plan de Inclusión Social, manteniendo la planta de personal al nivel registrado en noviembre de 2023.
Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa es la institucionalización por ley del decreto de reserva salarial y social, un fondo equivalente al pago de dos meses completos de sueldos para empleados públicos y beneficiarios del plan de inclusión. Esta medida es una previsión responsable para sostener el equilibrio fiscal y garantizar el pago de los sueldos, afirmó Sosa Herrera, en alusión a la situación heredada por la actual gestión.
La funcionaria también aclaró que la prórroga de la emergencia no afectará la ejecución de obras ni programas anunciados por el gobernador Claudio Poggi: “Todo lo que está previsto se va a hacer. Justamente tomamos estas decisiones para poder cumplir con todos los compromisos”, aseguró.
En la misma línea, confirmó la continuidad de los programas de apoyo a emprendedores, financiados por un sistema rotativo que reinvierte el crédito devuelto por los beneficiarios en nuevos proyectos. Además, brindó un adelanto sobre el presupuesto 2026, indicando que tendrá un enfoque realista y austero: “Las proyecciones de este año nos indican que no podremos alcanzar las metas de ingresos previstas”, admitió, y advirtió que “el monto nominal del presupuesto del año que viene será muy similar al de este año, pero con una economía más contraída”.
La conferencia contó también con la participación de los ministros de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, quienes reafirmaron el compromiso del Ejecutivo con el equilibrio financiero, el empleo público y las necesidades habitacionales. En ese sentido, anticiparon el pronto envío a la Legislatura de un proyecto de emergencia habitacional, que destinará el 50% de la obra pública a la construcción de viviendas tras realizar un primer relevamiento de las inscripciones del plan ‘Tenemos Futuro’.
Por último, se anunció el despliegue del programa ‘TuBi Rural’, que entregará bicicletas a estudiantes de las escuelas secundarias de 82 parajes del interior provincial, garantizando la movilidad escolar en zonas alejadas. La distribución comenzará este viernes y concluirá la semana próxima con la entrega de 762 rodados junto a kits de reparación en las escuelas.
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