Este lunes, en el Juzgado de Garantías N°1 de la Primera Circunscripción Judicial, formularon los cargos al imputado Julio Raymundo Quiroga por una presunta estafa que se eleva a los 48 millones de pesos.
Quiroga era encargado de ventas en la Distribuidora Alvear, quien fue denunciado por el socio del gerente de la firma tras detectar una serie de maniobras fraudulentas en el dinero de la empresa.
Según la acusación presentada, el imputado se habría apropiado de la recaudación de la empresa en reiteradas oportunidades. En lugar de depositar los fondos en el buzón habilitado por la distribuidora —como establece el protocolo interno—, se los llevaba y en tres ocasiones denunció que había sido asaltado. Además, les decía a los comerciantes que eran clientes de la distribuidora que realizaran las transferencias directamente a su cuenta personal, lo cual no estaba autorizado por la empresa.
El 14 de septiembre de 2024, Quiroga denunció falsamente haber sido víctima del robo de una mochila en la que llevaba $7.822.000 entre efectivo, cheques y otros elementos. Posteriormente, al realizar un relevamiento con trece clientes de las localidades de San Francisco, Luján, Quines y Candelaria, los responsables de la empresa descubrieron que las transferencias realizadas por los comerciantes no habían ingresado a la cuenta oficial de la distribuidora, sino a la cuenta personal del imputado. La suma total desviada asciende a $48.154.231.
Durante la audiencia, el Juez resolvió hacer lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía por lo que, mientras dura la investigación, Quiroga deberá firmar el libro de procesados mensualmente por el término de 90 días y tiene prohibido salir de la provincia.
Por su parte, los abogados querellantes que representan a Distribuidora Alvear, Oscar Garat y Sebastián Arabena, solicitaron la inhibición de bienes del acusado, sin embargo, el juez solicitó que se proponga una medida de contracautela.
La contracautela es una figura jurídica que se exige a quien promueve una medida cautelar, en este caso la inhibición de bienes del imputado, y que tiene como objetivo responder por los eventuales daños que esa medida pueda generar si finalmente se demuestra que era improcedente. En este caso, la contracautela podría ser una fianza económica que respalde la legalidad de la inhibición solicitada, con esto se busca equilibrar las garantías procesales.
Fuente: Poder Judicial
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