El Secretario de Hacienda, Esteban Pringles, acompañado de la Asesora Letrada Municipal, Alejandra Martín y de la Directora de Recursos Humanos, Ana María Giampietro, informó que el Municipio intimó a las empresas de televisión por cable Carolina Cable Color y TVC Puntana para que rectifiquen las declaraciones juradas presentadas ante la Dirección de Ingresos Públicos.
“En los documentos aportados por las empresas propiedad de Victorio Gualtieri aparecen inconsistencias en las cantidades de abonados declaradas. Es por eso que la Secretaría de Hacienda realizó un proceso de fiscalización de las declaraciones juradas que venían presentando Carolina Cable Color y TVC Puntana, ya que CCC declara 6.900 usuarios y TVC 6.800, cuando estimamos que la cantidad real de abonados es casi el doble, es decir entre 13 y 14 mil”, dijo Esteban Pringles.
“El procedimiento de intimación es porque cuando solicitamos documentación que avale su declaración, las empresas de Gualtieri presentaron un sublibro de IVA especial certificado por un contador, quien también está comprometido en el ocultamiento de información. Esta omisión significa para ellos el pago de un reducido canon por utilización del espacio aéreo, mientras que desde la Municipalidad realizamos una intimación de pago por una deuda de más de 6.800.000 pesos”.
“Ese monto que la Comuna no recibe es dinero con el que se pueden asfaltar 50 cuadras, comprar 5 colectivos para Transpuntano o cambiar una importante red troncal de agua o cloacas. Doy estos ejemplos para que los vecinos entiendan la importancia de esta suma que estaría siendo evadida por el señor Gualtieri, propietario de ambas empresas de televisión por cable”.
“Queremos que los vecinos se queden tranquilos porque el Municipio, a través de la Secretaría de Hacienda va a trabajar para que las grandes empresas paguen lo que corresponde, y en este caso vamos a hacer una encuesta casa por casa en los 56 mil hogares de la ciudad para determinar la cantidad real de abonados que tienen estas empresas. El año pasado la Secretaría de Hacienda realizó fiscalizaciones a las empresas del parque industrial y también detectamos irregularidades y se gestionó el cobro correspondiente”.
“Se trata de procedimientos de fiscalización internos y externos; la vía interna a través de la intimación es la más rápida; pero cuando no es suficiente se puede pedir una fiscalización externa, a través de un pedido judicial para la presentación de documentación faltante”.
“CTV, la otra empresa de cable, propiedad de otro grupo empresario, declaró unos 14 mil abonados. Si bien no hay irregularidades en este tema, tenemos una confrontación de pago, que es otro tipo de trámite, que se resuelve con un procedimiento administrativo y con esa empresa estamos en un procedimiento de ejecución de deuda”.
“En el caso de CCC y TVC nos falta terminar el expediente administrativo y recurriremos a la justicia si es necesario. De acuerdo al comportamiento y a la respuesta de las empresas en las próximas horas, vamos a evaluar cuál es la acción que llevaremos adelante, que puede ser una ejecución o una demanda”.
Extorsión
“Cuando el Municipio les informa a los directivos de TVC y de CCC que en la declaración jurada existen inconsistencias y que falta documentación, en los programas locales comenzó una campaña de acoso informativo contra la gestión municipal. El Municipio ya vivió hasta el año pasado ataques a través de noticias negativas difundidas por El Diario de la República y Canal 13 con finalidades políticas, situación que ahora ha sido superada”.
“El Municipio es respetuoso de la libertad de expresión aún ante una campaña que tiene como objetivo evidente evitar el cobro que corresponde, pero estamos alertando a la comunidad acerca de los verdaderos fines que esconde esta campaña”.
“En este caso, el empresario Gualtieri utiliza sus medios para realizar una extorsión periodística al Municipio a través de la figura de Edgar Magallanes, que es un empleado municipal denunciado por los vecinos por pedir coimas y que actualmente está apartado de la administración debido a que fue denunciado penalmente por el Municipio. Sin embargo, ante la determinación de la deuda, los canales de Gualtieri contra atacan y toman de referencia a Magallanes con la intención de generar una imagen negativa del Municipio”.
“El señor Magallanes en su rol de gremialista defiende a Enrique Morales, un empleado que estuvo presentando certificados médicos desde 2007 con licencia por largo tratamiento, pero que a través de denuncias de los mismos empleados, constatamos con escribano público que el señor Morales, mientras decía que estaba imposibilitado de cumplir funciones en el Municipio, trabajaba en forma particular en su estudio contable. Eso fue lo que motivó su cesantía conforme a lo que dicta el procedimiento administrativo ya que se trata de una falta grave”.
“En el caso de Edgar Magallanes, la denuncia penal está en la etapa de prueba y en el sumario administrativo estamos por cerrar la primera etapa probatoria para correrle vista y que el señor Magallanes haga el descargo pertinente”, dijo Pringles.
Por su parte la Asesora Letrada Municipal, Alejandra Martín, sostuvo que “Esta mañana en CCC hubo un programa en donde estuvo como entrevistado el señor Magallanes que, como se ha informado oportunamente es un empleado denunciado por vecinos de haberles pedido coimas. La presencia de Magallanes como referente informativo tiene un trasfondo económico, ya que la Municipalidad está realizando los trámites necesarios para que las empresas de cable paguen lo que deben y estas empresas entonces responden de esta manera”.
“Como ha señalado el Secretario de Hacienda, las empresas del señor Guatieri adeudan una importante suma de dinero al Municipio, pero estos métodos evasivos son ya un modus operandi en la historia de este empresario, porque Gualtieri tiene antecedentes penales muy importantes como evasor fiscal, ya que en 2014 recibió una condena de dos años y medio de un Tribunal Oral Federal en Mar del Plata, cuando integraba una empresa que se llamaba VAG SA”.
“En San Luis ha sido llamado a indagatoria en una causa penal por estafa en la construcción de los diques de San Francisco y Nogolí, y en una oportunidad Gualtieri estuvo detenido por contrabando. Es decir que la conducta del señor Gualtieri demuestra que no es una persona que actúe con la honradez de un buen ciudadano”.
“En la denuncia por estafa iniciada por una denuncia de la Fiscalía de Estado de la Provincia de San Luis, Gualtieri está llamado a indagatoria desde hace un año junto a otros 20 empleados de su empresa, entre los que se encuentra Fabiana Iribarren, actual gerente de los canales de cable. Ese es el trasfondo del ataque que desde hace un tiempo sufre la gestión municipal y en este caso, este ataque no obedece a una cuestión política sino netamente económica, dado que la Municipalidad considera que debe cobrar lo que adeudan estas empresas”, concluyó la Asesora Letrada Municipal.