Este viernes, en una audiencia de control de acusación realizada en el Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de una niña. La audiencia fue encabezada por el juez Juan Manuel Montivero Chada.
La acusación estuvo a cargo de la Fiscal María Delia Bringas, de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 1. La representante del Ministerio Público señaló que, tras la investigación preparatoria, se reunieron suficientes elementos de convicción para llevar el caso a debate oral.
En septiembre de 2024 se habían formulado cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por la convivencia preexistente, la calidad de guardador y el grave daño a la salud mental de la víctima. Inicialmente también se imputó el delito de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, pero la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de este último por falta de pruebas suficientes, con la conformidad de la víctima y su madre.
En la audiencia estuvieron presentes el Defensor Adjunto de Niñez y Adolescencia, Nahuel Lede Zajic, y los abogados defensores de la persona acusada, Federico Farías y Natasha Quintero Navarro.
Los abusos iniciaron cuando la menor tenía 11 años
Según la acusación, entre 2019 y febrero de 2023, mientras convivía con la familia, el imputado habría ejercido conductas de abuso sexual hacia una de las hijas de su entonces pareja. Los hechos habrían comenzado con tocamientos y luego derivado en acceso carnal. La niña tenía 11 años al inicio de los abusos, que se habrían producido en distintos domicilios de la ciudad de San Luis, en un contexto de amenazas y violencia psicológica que le impedían relatar lo sucedido. La denuncia fue presentada en 2023 por su madre en representación de la menor.
La Fiscalía encuadró los hechos en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, la calidad de guardador y el grave daño a la salud mental.
La fiscal solicitó que, en caso de ser condenado, el acusado cumpla una pena de 16 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Finalmente, el Juez Montivero Chada admitió las pruebas ofrecidas por ambas partes y resolvió la elevación de la causa a juicio. El expediente será remitido al Colegio de Jueces, que designará al tribunal encargado de llevar adelante el debate oral y fijar la fecha de inicio.
Fuente: Periódico Judicial
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