El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley para derogar la normativa conocida como “Ley de Narcomenudeo”, que le otorgaba competencia a la Justicia provincial para investigar delitos menores relacionados con el tráfico de drogas. La decisión fue comunicada públicamente por el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, quien afirmó que en otras provincias “la experiencia ha sido malísima”.
Durante una conferencia de prensa, Berruezo recordó que “la Ley de Estupefacientes (N.° 23.737), en su momento, incorporó un artículo que le confería la posibilidad a las provincias que así lo quisieran la competencia en la investigación de delitos vinculados a la droga, pero de menor importancia, como la tenencia simple, por ejemplo”.
En ese contexto, el traspaso de competencias que San Luis había adoptado en 2022 no solo generó superposición de funciones entre la Justicia Federal y la provincial, sino que además debilitó las investigaciones. De este modo, subrayó que, “en las provincias que adhirieron, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, el aumento de las drogas fue exponencial por la dificultad que implica la investigación y porque dividir una investigación en dos competencias distintas no lleva a nada, favorece justamente a estos delitos”.
A su vez, Berruezo remarcó que, al momento de la asunción de Poggi en diciembre de 2023, los juzgados de Crimen aún no estaban operativos ni contaban con personal capacitado para enfrentar delitos de esta complejidad. “Es obvio que la Justicia Federal, con las fuerzas federales, tiene más de 30 años de especialización en estas investigaciones. Entonces darle esa investigación a la Justicia provincial, que no estaba capacitada ni con los medios adecuados, era realmente tirar todo por la borda y desaprovechar la experiencia que ya tiene la Justicia Federal”, sostuvo.
Entre los argumentos también se destacó el impacto positivo de los operativos realizados en los últimos meses, que permitieron desbaratar bandas organizadas con la intervención de la Justicia Federal, fuerzas federales y la División Narcotráfico de la Policía provincial. “Hemos visto todas las causas, el desbaratamiento de dos bandas muy grandes en San Luis vinculadas al narcotráfico y a eso se le suma que no hay capacidad operativa en la Justicia provincial, ni experiencia para la investigación”, añadió Berruezo.
Sobre esto explicó: “¿Por qué dividir las competencias perjudica la investigación? Porque para poder llegar al capo narco o al jefe de la banda, como se ha descubierto acá en San Luis en estos últimos años, vos necesitas empezar por abajo. Las investigaciones no empiezan por el jefe narco. Va subiendo en la cadena de la organización, hay que ir por abajo, por el consumidor, quién le vende y así ir subiendo en la escala general”.
Además, cuestionó la fragmentación en las investigaciones: “Si vos tenés el consumidor, pero eso lo investiga la provincia, pero al traficante lo investiga la Federal, ¿cómo llegas arriba si tenés esa desconexión? Por eso es tan importante mantener la unidad en la investigación”, resolvió.
Con esta acción, el Gobierno busca que las causas de microtráfico vuelvan exclusivamente a la órbita federal, manteniendo un esquema de trabajo conjunto entre Gendarmería, Policía Federal y la fuerza local. “La derogación de la ley sirve para que las fuerzas trabajen en conjunto, como lo vienen haciendo”, concluyó el funcionario del Ministerio de Seguridad.
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