El Gobierno quiere un diciembre en paz. Y en pos de lograrlo comenzó a articular, en el marco de la crisis económica, una serie de medidas para contrarrestar cualquier tipo de manifestación en contra. El objetivo es claro: consolidar un blindaje social que disminuya la conflictividad a un nivel mínimo.
Con ese norte, negoció un bono de $5.000 con la CGT y el empresariado para cubrir las demandas del sector privado, que plasmó en un decreto, publicado este martes. Y este viernes confirmó que extendió el beneficio de esa suma a los estatales, a quienes también otorgó un aumento del 10%.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, no anduvo con rodeos: dijo que el bono fue “para bajar la conflictividad laboral que se venía”.
Ahora la incógnita es si el Poder Ejecutivo ampliará su estrategia de contención y otorgará una suma fija similar a los titulares de 11 millones de jubilaciones y beneficiarios de planes sociales, quienes sufrieron una brusca baja del poder adquisitivo.
Una de las dependencias a cargo de las negociaciones es el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley.
Desde esta cartera están en plenas tratativas con los movimientos sociales, que ya advirtieron que de no lograr una suma de dinero que compense la escalada inflacionaria multplicarán sus protestas.
Las organizaciones reclaman un bono y un aumento de emergencia para los beneficiarios de 4 millones de planes de asistencia social, junto con un refuerzo alimentario para los comedores. El objetivo es compensar la pérdida del valor de las asignaciones, que aumentaron un 25% en el año.
“Queremos para fin de año un esquema de aguinaldo que nos permita obtener una suerte de sueldo extra de $5.500 en diciembre”, dijo Daniel Menendez referente de Barrios de Pie.
En lo que hace a los jubilados, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, solicitó por escrito al Gobierno una suma de $5.160 en tres cuotas sucesivas de $1.720, a pagarse en diciembre, enero y febrero. La idea es que no sea por única vez, sino que se incorpore al haber, de modo que sirva como base de cálculo para el incremento de marzo, fijado por la Ley de Movilidad.
Según los cálculos del defensor de la Tercera Edad, los adultos mayores perderán este año cerca de 20 puntos porcentuales en su capacidad de compra.
Esto se debe a que la jubilación mínima en diciembre será de $9.300 (un 28% anual), una cifra por debajo de la canasta básica del jubilado medida por la defensoría, que llegará ese mismo mes a $23.500.