Aprobada el 4 de julio por unanimidad en la Cámara de Diputados, la “ley Justina”, que dispone que todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario, se encuentra en pleno proceso de reglamentación, previo a su puesta en marcha.
Pese a que el plazo formal para que eso ocurra es de 90 días, las autoridades del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) trabajan con el objetivo de consensuar las mejores estrategias para promover la donación y mejorar la calidad de vida de quienes tienen al trasplante como única solución terapéutica.
En lo que dieron en llamar el Encuentro Nacional sobre Donación de Órganos y Tejidos para trasplante, se reunieron en la provincia de Mendoza autoridades sanitarias nacionales, referentes internacionales, representantes de sociedades científicas, de organismos de procuración de las provincias e integrantes de áreas críticas del Sistema Sanitario para avanzar en la reglamentación de la nueva ley de trasplante.
Tras la sanción de la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos y las dudas que se generaron en torno al desconocimiento de cómo se llevará a cabo, desde el Incucai aclararon que se había “malinterpretado el tema de la compulsión en la toma de la decisión; mucha gente sintió que las familias no iban a tener ningún rol”.
El presidente del organismo, Alberto Maceira, aclaró en declaraciones radiales que “los procesos de comunicación no dejan afuera a las familias; vamos a tratar de llegar a un acuerdo y avanzar tratando siempre de que se respete la voluntad del fallecido, la ley es clara en este sentido”.
“Si el fallecido no dejó constancia de que no quería ser donante, para la ley es donante y sus órganos pasan a ser del paciente que le corresponde según la lista de espera”, agregó.
A través de la nueva ley se facilitan los procesos de donación en los hospitales, quedan explicitados todos los derechos de donantes y receptores, se establece un régimen de capacitación permanente y se simplifican y optimizan los procesos que requieren intervención judicial, entre otros puntos destacados.
Al respecto, la coordinadora del Área de Comunicación Social del Incucai, Roxana Fontana, adelantó a Infobae que en el encuentro de Mendoza “se planteó un protocolo de actuación, que está íntimamente ligado a la reglamentación”. “Tiene que ver con el sistema de búsqueda de manifestaciones formales, tanto de la positiva como la negativa”, ahondó.