Este martes 12 de agosto la Corte de Apelaciones de Nueva York definirá si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska, que exige al Gobierno argentino entregar el 51% de las acciones de la petrolera YPF como compensación por la expropiación “mal realizada” por Cristina Kirchner que tuvo lugar en 2012, o si se obliga a cumplir a nuestro país con la decisión de forma inmediata.
La disputa legal se centra en una sentencia de 16.100 millones de dólares, dictada a fines de junio, que señala que el pago debe realizarse mediante la transferencia de acciones de la empresa. Ante esta orden, el Ejecutivo argentino, a través de la Procuración del Tesoro, apeló ante la Cámara de Segunda Instancia, que a mediados de julio otorgó una suspensión temporal mientras se resuelve el futuro del caso en un panel de tres jueces.
Las tres opciones que podrían surgir de la resolución de la Corte de Apelaciones de EEUU por el caso YPF son las siguientes:
Mantener la suspensión: La Corte podría conceder a la Argentina continuar con la medida cautelar que impide la transferencia de las acciones, tal como se había acordado provisionalmente. En este escenario, el país podría ganar tiempo para negociar una solución o apelar la decisión en futuras instancias.
Negar la cautelar: En caso de que la Corte rechace la medida cautelar presentada por el Gobierno, la jueza Preska podría exigir la ejecución inmediata de la entrega de las acciones. Aunque el financista Burford Capital, que representa a los demandantes, ha afirmado que no liquidará el pago de forma inmediata como un “acto de buena fe”, la decisión podría acelerar los plazos para el cumplimiento de la sentencia.
Suspensión parcial y pago con otros activos: Una tercera posibilidad es que la Corte decida suspender la ejecución de la orden, pero sugiera que el Gobierno argentino proporcione otros activos, como bonos a mediano o largo plazo, en lugar de las acciones de YPF.
En este último caso, el Gobierno podría presentar otros bienes del Estado a modo de compensación por la deuda. Sin embargo, si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones y opta por alguna de las otras dos opciones, se abrirán dos caminos posibles para la administración argentina: negociar con los acreedores una reducción del monto a pagar o desoír el fallo y recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
El analista especializado Sebastián Maril de Latam Advisors, quien sigue de cerca el caso, aclaró en su cuenta de X que es posible que la justicia norteamericana no dé a conocer su decisión de este martes hasta mañana miércoles 13 de agosto.
Asimismo, tras un análisis pormenorizado advirtió que “en caso que las alternativas 2 y 3 ocurran, el Gobierno recurrirá a la Corte Suprema de los EE.UU”. Pues, sostuvo que si la Corte “ratifica la decisión de la jueza Preska de no suspender el fallo que obliga al país a entregar las acciones de YPF, el Gobierno ya ha anunciado que recurrirá a la Corte Suprema. Los resultados de estas decisiones marcarán el rumbo que tomará el juicio por la expropiación de YPF hasta que se conozca el fallo de la apelación principal”.
Burford Capital y la presión sobre Argentina
En paralelo, el fondo británico Burford Capital, que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de YPF, ha intensificado su estrategia de presión sobre Argentina, para forzar al país a negociar. Recientemente incorporó al exbanquero de Wall Street, Gerardo “Gerry” Mato, quien aparentemente tiene como objetivo interceder entre los demandantes y el Gobierno argentino, debido a sus fuertes vínculos con el mercado financiero neoyorquino. En la Casa Rosada, aunque se evita hacer declaraciones oficiales, algunos exfuncionarios y fuentes ligadas al tema señalan que un acuerdo antes de que se agoten las últimas instancias judiciales puede comprometer legalmente a quienes lo firmen.
El panorama de opinión en la sociedad argentina es dividido. Un estudio de Poliarquía Consultores revela que el 65% de los ciudadanos apoyan una negociación con los acreedores para lograr una quita, mientras que el 25% prefiere que el fallo sea desconocido. Solo un 5% apoya la opción de aceptar la sentencia o seguir litigando sin llegar a un acuerdo.
En relación con los métodos de pago, un 37% de los consultados se muestra a favor de recurrir a bonos soberanos, mientras que un 16% sugiere la entrega de acciones de YPF, y un 9% opta por instrumentos vinculados a Vaca Muerta o a otras compañías estatales.
De acuerdo con el plan propuesto, Burford Capital recibiría el 70% de los pagos, mientras que el 30% restante sería destinado a saldar la deuda del Grupo Petersen, cuyos acreedores probablemente enfrenten reducciones en los montos a recibir debido a que las deudas superan lo que puede ser efectivamente recuperado. En el ámbito gubernamental, la administración mantiene la directiva de llegar hasta las últimas instancias judiciales y se concentra en evitar posibles filtraciones, luego de la salida de más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) en medio de denuncias por presuntas irregularidades.
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