El abogado defensor de Cintia Ramírez, exfuncionaria de la Secretaría de Deportes provincial, presentó hoy miércoles 18 de junio una apelación en los tribunales de San Luis por la elevación a juicio en su contra, tras un importante cambio en la calificación legal de los hechos que se le imputan.
En un principio, la fiscalía había imputado a Ramírez por malversación de caudales públicos, pero la querella, encabezada por el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, solicitó sumar la figura de peculado, un delito más grave. A fin de unificar la acusación y evitar superposiciones de figuras legales, se convocó a una audiencia con el Procurador General de la Provincia, quien resolvió que el delito aplicable sería el de peculado.
En este sentido, el Ministerio Público, representado por los fiscales adjuntos Roxana Alcaraz y Juan Pablo Estopiñán, desistió de la acusación por malversación al considerar que, dado el efecto negativo que estos hechos generaron en la institución y la provincia de San Luis, la sanción tiene como objetivo restablecer el orden legal y compensar, en parte, el perjuicio causado al erario público.
Marcos Juárez y Ramiro Rubio, abogados defensores de la ex secretaria, argumentaron que este cambio representa un giro sustancial en la acusación, que afecta directamente el derecho de defensa de su clienta, puesto que no se la convocó a declarar sobre este nuevo encuadre legal.
En una entrevista con Radio Popular, Juárez entendió que este cambio en la calificación legal es “totalmente distinta” a las acusaciones iniciales y constituye una violación al principio de congruencia. Según el abogado, la modificación introdujo una figura legal completamente diferente, ya que, mientras la malversación implica el desvío de fondos públicos del Estado, el peculado hace referencia a la sustracción directa de los mismos, lo que cambia drásticamente la naturaleza del delito que se le atribuye a Ramírez.
En relación con las 188 transferencias incluidas en la acusación como realizadas desde el Ente de Deporte San Luis al club privado San Luis Fútbol Club, presidido por Ramírez, el abogado solicitó que estas operaciones sean revisadas y que los beneficiarios de las mismas sean convocados a declarar “porque si hay una maniobra delictiva, podría ser partícipe necesario de esa maniobra”, señaló Juárez.
“Es decir, ella se tiene que defender y con esa defensa incluye traer a todos y a cada uno de los beneficiarios de esas transferencias que se hicieron a los fines de que declaren en concepto de qué recibieron ese dinero y si esa recepción del dinero es lícita o es delictiva”, dijo el defensor y agregó “porque si fue hecha en el marco de sus funciones como secretaria de Deporte, que tiene la facultad de disponer de los bienes del Estado a los fines de solventar actividades deportivas y eso es lícito, esas personas que han sido los beneficiarios tienen que venir a declarar”.
Esta acción tiene lugar luego de que el jueves 29 de mayo, la jueza de Garantía N° 4 de San Luis, Luciana Banó, decidiera elevar a juicio la causa que tiene a Ramírez como acusada de presuntos delitos contra la administración pública, en la que la exfuncionaria enfrenta una posible condena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
El fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción, Francisco Assat Alí, acusa a Ramírez de haber utilizado su posición como secretaria de Deportes y presidenta del Ente Deporte San Luis para gestionar fondos del Estado en beneficio de intereses privados, a través de maniobras irregulares que involucran la compra de un colectivo usado por casi 290 millones de pesos, con un sobreprecio estimado en 175 millones según la tasación oficial.
“Se trató de un colectivo marca Volvo, modelo 2018, en deplorable estado de conservación con casi un millón de kilómetros. La cuantiosa erogación se materializó en un expediente administrativo que se inició el 1° de diciembre del 2023, es decir, 9 días antes de que Ramírez dejara el cargo de funcionaria pública”, denunció la fiscalía.
El titular de la Fiscalía 1 también acusa a la imputada de realizar 188 transferencias de dinero, entre 2022 y 2023, desde el Ente de Deporte, que creó a menos de un mes de su asunción al cargo, a su propio club, San Luis Fútbol Club, el cual fundó seis meses después con su pareja vicepresidente, por un total de más de 166 millones de pesos. Fondos que, según la acusación, habrían sido utilizados de manera inapropiada para cubrir gastos como transporte, viandas, electrodomésticos y regalos empresariales, que no corresponden.
“En definitiva, cualquier gasto que tuviera El San Luis de FC, propiedad de Ramírez, era cubierto por fondos públicos gestionados por la Secretaría de Deportes, dirigida por Ramírez y canalizados por el ente de deporte presidido también por Naturalmente y, a tenor de los reglamentados por el decreto y normativa aplicable, estas acciones tenían una apariencia legal en lo formal, pero siempre estuvieron encubriendo un ardid destinado a privilegiar intereses particulares”, objetó el fiscal.
En defensa de su clienta, los abogados Juárez y Rubio plantearon la nulidad de la acusación formal dado que los hechos atribuidos no coinciden con la calificación legal de los mismos.
Por su parte, la jueza Banó resolvió finalmente rechazar la nulidad presentada por la defensa, aunque se espera que derive en nuevas apelaciones ante instancias superiores.
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