Con amplio respaldo entre los ediles presentes, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó un proyecto de ordenanza que prohíbe de forma expresa la actividad de lavacoches y vendedores callejeros que operen sobre la calzada. La medida, impulsada por el Ejecutivo municipal, fue trabajada durante varias semanas por las comisiones legislativas, y finalmente obtuvo aprobación.
La medida afecta tanto a los llamados “trapitos”, personas que cobran de manera informal por cuidar autos, como a vendedores que se ubican entre vehículos en esquinas y semáforos.
La iniciativa fue impulsada por el intendente capitalino y trabajada a fondo por las comisiones de Seguridad y de Legislación e Interpretación. El presidente de esta última, el concejal Mario Silvestri, presidente de la Comisión de Legislación e Interpretación, señaló que el proceso fue extenso debido a la complejidad del tema y a la búsqueda de consenso. Aunque el proyecto no logró el voto unánime de todos los bloques, debido al retiro de algunos concejales opositores antes de la votación, fue aprobado por la totalidad de los presentes.
La ordenanza apunta a ordenar el espacio público, proteger a conductores y peatones, y prevenir situaciones de riesgo. “Se prohíbe la actividad en la calle, en la calzada. Este tipo de actividades no puede ocurrir más. Está claro que no puede haber actividad que ocurra entre medio de los autos. Es decir, es un peligro para aquel ciudadano que conduce un auto que, tratando de esquivar a una persona, pueda chocar y producir un accidente”, enfatizó Silvestri.
“También están considerados en esta ordenanza aquellos que hacían venta entre medio de los autos: no solo el riesgo y el peligro que podría tener esta persona o los ciudadanos que conducen un auto, sino también la competencia desleal con el vecino que paga impuestos y tiene un negocio en el que vende los mismos artículos”, añadió el concejal.
El proyecto, tal como lo presentó el intendente, fue mantenido en su totalidad, aunque se incorporaron mejoras surgidas del trabajo en comisión y de los aportes de distintos concejales. A partir de “un estudio en la ciudad de San Luis, en todas las esquinas y ver la realidad que pasaba, vimos que había muchas situaciones que había personas que no se encuadran en estos ilícitos”, explicó Silvestri.
Por ello, además de la prohibición, la normativa incluye una perspectiva social. Se incorporaron dos artículos específicos que establecen mecanismos de contención y asistencia para personas en situación de vulnerabilidad que hoy recurren a estas prácticas como medio de subsistencia y están atravesando situaciones sociales críticas, como adicciones, desempleo o falta de vivienda.
Entre los puntos destacados, se prevé que quienes se encuentren desarrollando estas actividades sean derivados a la Secretaría de Vinculación y Cercanía con el Vecino para ser evaluados y, en caso de necesidad, acceder a programas de asistencia social o de inserción laboral. También se contempla la posibilidad de capacitaciones a través de convenios con instituciones educativas y programas municipales o provinciales.
En esa línea, recordó la vigencia de otra ordenanza que favorece la regularización de emprendimientos informales, con exenciones impositivas durante los primeros seis meses de actividad.
Para evitar sanciones como multas o el decomiso de mercadería, Silvestri sugirió que quienes se dedican a actividades económicas informales pueden inscribirse de forma sencilla a un programa, que pronto abrirá sus inscripciones, según anticipó.
No es hasta pasados los dos años desde la inscripción que el emprendedor se incorpora plenamente al sistema fiscal. Esto busca dar tiempo a los emprendedores para consolidar su actividad y evaluar su viabilidad económica antes de asumir el total de las obligaciones impositivas.
Asimismo, el edil anticipó que el Municipio evalúa nuevas medidas para abordar otras situaciones similares, como la venta ambulante en veredas o el comercio callejero no registrado, que muchas veces compite de manera desigual con locales formales.
Ahora, la ordenanza espera ser promulgada por el intendente para entrar en vigor en toda la capital puntana.
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