Una manifestación cargada de dolor, impotencia y reclamo de justicia se desplegó este miércoles frente al edificio del Poder Judicial de la ciudad de San Luis. Familiares y allegados de Pablo Ayala, el joven que perdió la vida tras ser embestido por un automóvil a finales del 2023, exigieron que no se acepte el pedido de juicio abreviado presentado por la defensa de Felipe Iglesias de 65 años, imputado, en un primer momento, por homicidio simple con dolo eventual agravado por haberse dado a la fuga y no socorrer a la víctima en concurso real con lesiones graves.
Erika Ayala, hermana del joven fallecido, se convirtió en vocera del profundo malestar familiar al sospechar que el fiscal Fernando Rodríguez, recientemente reincorporado al caso, “llegó a un arreglo con el abogado del acusado” para solicitar tres años de suspensión y cinco de inhabilitación para conducir, lo que evitaría que Iglesias cumpla una condena efectiva.
“Estamos manifestándonos para que los jueces no se olviden que (…) tienen que hacer lo correcto. No pedimos ni más ni menos que justicia”, expresó Erika durante la protesta, quien agregó que “ayer, lamentablemente, nos encontramos con un panorama que no lo esperábamos porque estábamos convencidos de que iba todo bien”.
Según relató la manifestante, el fiscal Rodríguez habría cambiado abruptamente la postura sostenida por su antecesora, la doctora Virginia Palacios, quien se había opuesto a la suspensión del juicio oral y rechazado los intentos de reducir la gravedad de la causa. La familia denunció, además, una actitud impropia del fiscal, “porque saludó al acusado como grandes amigos, le dijo que estaba todo bien” en plena sala de audiencias, una conducta que, aseguran, rozó la falta de ética profesional.
El siniestro vial que terminó con la vida de Pablo Ayala ocurrió el 16 de diciembre de 2023, en la intersección de calle Caseros y 25 de Mayo. Según la investigación, Iglesias conducía su automóvil Fiat Cronos tras una reunión social y no respetó el paso de una motocicleta Honda 250, que ya había atravesado la mitad de la esquina en la que viajaban Ayala y su acompañante, Agustina Arrieta.
El impacto al lateral izquierdo del sector medio trasero de la moto la hizo caer junto a sus ocupantes, arrastrándola unos once metros y medio sobre la carpeta asfáltica. Entonces, el imputado descendió del vehículo, observó la escena y se dio a la fuga, dejando a ambos jóvenes gravemente heridos, según sostuvo la Fiscalía en octubre del año pasado. Finalmente, Pablo murió en el lugar, pues el choque le produjo traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica.
”La sociedad está esperando que ellos actúen como deben actuar como jefe, pero en favor de las víctimas, en favor de que no vuelva a pasar este tipo de cosas, no en favor de un cobarde que se fue y dejó a dos chicos tirados, uno muerto, que yo lo tengo en el cementerio y a la otra chica malherida. Eso no se tiene que premiar”, declaró Erika. La mujer también difundió en redes sociales videos y mensajes criticando la actuación del fiscal, a quien acusó de tener vínculos previos con el imputado dado que trabajó años atrás en el ámbito judicial. “Me parece que él debería ser imparcial y jugó más que todo como abogado defensor y no como fiscal”, sentenció.
La propuesta de juicio abreviado contempla además una reparación económica de tres millones de pesos y tareas comunitarias por parte del acusado. Sin embargo, la indignación crece no solo en la familia, sino también entre diversos sectores de la sociedad que consideran insuficiente la pena frente a la gravedad del hecho.
El tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción tiene ahora diez días hábiles para resolver si acepta o rechaza el acuerdo propuesto por el fiscal Rodríguez y la defensa de Iglesias.
Mientras tanto, la familia Ayala promete continuar con su presencia frente a los tribunales. “Lo único que le pedimos a los jueces es que sean conscientes de la decisión que van a tomar”, imploró la hermana de la víctima.
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