Durante su intervención, Sosa valoró los logros obtenidos por el sistema penitenciario en el último tiempo. “Este año, por primera vez, entregamos cuatro vehículos 0 km y avanzamos en la adquisición de un scanner, una herramienta clave para garantizar transparencia en las requisas”, afirmó. También destacó el fortalecimiento de la carrera de los agentes penitenciarios, con la implementación de la licenciatura en Seguridad, cursos de actualización y un plan anual de entrenamiento.
Sobre el uso del scanner, remarcó que “permitirá dejar de lado las requisas manuales y cuidar los derechos de las personas que ingresan al complejo, incluidos agentes, administrativos y visitantes”.
En relación a situaciones irregulares dentro del sistema, reconoció que se produjeron desvinculaciones de efectivos por faltas graves, algunas vinculadas al ingreso de droga y celulares. “Aquellos que transgreden la ley y rompen la reglamentación vigente son separados de inmediato. No vamos a tolerar connivencias con los internos”, aseguró.
Consultada sobre el reciente memorándum que generó polémica sobre el uso de celulares por parte del personal policial, la funcionaria aclaró: “No está prohibido el uso de celulares. Lo que se regula es el uso de filmaciones durante procedimientos, porque pueden afectar causas judiciales”.
En cuanto a los datos sobre celulares incautados, precisó que se destruyeron 600 dispositivos en esta última etapa, aunque el total acumulado en el año asciende a 1.400. “El ingreso se da de distintas formas: familiares, personal administrativo o visitas. Por eso, las requisas son clave”, cerró.
Seguridad en la provincia
La ministra se refirió también a la situación general de seguridad en San Luis. Subrayó que, si bien los indicadores ubican a la provincia por debajo de la media nacional en delitos, “el consumo de sustancias a edades cada vez más tempranas está rompiendo el tejido social”.
En la misma línea, remarcó que el crecimiento de hurtos, robos y violencia, en especial entre menores, tiene relación directa con el consumo problemático. “Cuando la familia no puede contener, expulsa. Y esa persona termina en la calle, sin comida, robando. Todo se va destruyendo”.
En este sentido, pidió compromiso ciudadano y destacó que las políticas públicas deben evaluarse constantemente. “Tenemos que ratificar o rectificar nuestras acciones según los datos. Falta mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto”.
Finalmente, adelantó que se estudia la instalación de una base de investigaciones de Gendarmería Nacional en Villa Mercedes, atendiendo a los pedidos del Poder Judicial y con el objetivo de reforzar la seguridad en esa zona.
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