Juan Pablo Medina, un joven estudiante de sexto semestre de Derecho, ha venido realizando protestas con pancartas en Popayán. Pide desesperadamente que su hijo que aún no nace sea salvado.
Esta es la historia sobre dos payaneses que habrían decidido tener un hijo el año pasado, según lo que contó Medina, pero su pareja, presuntamente, habría optado por buscar que una clínica le practique un aborto.
El padre del bebé aseguró que el niño está en los siete meses de gestación. Dijo que se opone a la supuesta petición de su pareja, quien acudió a una clínica en Popayán a solicitar que se le practique un aborto, aparentemente, porque no estaría preparada para ser madre.
Medina dijo que llevaban 14 meses de novios y que todo marchaba muy bien. Aseguró que decidieron por mutuo consentimiento tener un hijo. Para septiembre se dieron cuenta que la joven tenía tres meses de embarazo. “Nos puso muy contentos. Pensamos bautizar al niño como Juan Sebastián”.
Sin embargo, a finales de diciembre perdió todo contacto con ella, según él.
‘’El pasado sábado me entero de que ella estaba hospitalizada voluntariamente solicitando el proceso del IVE (interrupción voluntaria del embarazo), pero hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C355 del 2006, la cual indica que existen tres causales: malformación del feto, violación o que mujer esté en peligro de muerte”, manifestó.
Medina afirmó que este caso no cumple con ninguna de las tres causales que contempla la Corte para hacer el procedimiento de aborto y, por eso, ya puso en conocimiento de la Fiscalía lo que está sucediendo.
El joven sostuvo que la decisión no es de ella, sino de sus padres que han ejercido presión para que no tenga ese hijo.
Por su parte, la pareja de Medina ha señalado que está embarazada y que ella tendría problemas psicológicos.
“No me siento bien, ni preparada para asumir un parto”, dijo la joven en declaración a otros medios de comunicación.
El personero de Popayán, Jaime López, explicó que si el caso no se encuentra dentro de ninguna de las causales señaladas por la Corte Constitucional para la despenalización del aborto, se estaría aplicando un procedimiento ilegal.
“Desde la Personería vamos a tratar el tema para que podamos hacer contacto con las directivas de la clínica para que podamos tratar de establecer cuál va a ser el tratamiento que se va seguir, incluso hay que hacer un llamado a las trabajadoras sociales de la misma clínica y de la Secretaría de Salud, así como de la Defensoría del Pueblo para que puedan acompañar este caso, porque lo más importante es proteger el derecho a la vida, cuando no sea una de las circunstancias que ha establecido la Corte para que se pueda proceder a practicar este tipo de procedimientos”, dijo López.
En la Secretaría de Salud del Cauca dijeron que se analiza el caso por el que la joven de 22 años ha solicitado autorización a la IPS donde se le aplicaría el procedimiento de interrupción voluntaria. “Se evalúa si hay afectaciones en su salud mental”, señalaron en esta dependencia.
Por ahora, Medina hace protestas afuera del centro asistencial en Popayán, esperando que su voz sea escuchada.
“Mi anhelo es darle todo este amor de papá que tengo desde el momento en que me enteré que ella estaba en embarazo, nunca le dejé de dar mi apoyo. Si la madre me llega a escuchar, quiero que piense bien las cosas y que la estoy esperando y a mi hijo con vida”, afirmó.
Entre tanto, la Arquidiócesis de Cali se pronunció sobre la despenalización del aborto.
“No con sorpresa, pero sí con estupor, se ha vuelto a escuchar en Colombia el
debate sobre la despenalización del aborto y/o la legalización del mismo, con el
agravante de que uno de los Magistrados de la Corte, según indican los medios de
comunicación, pretende ampliar o eliminar las causales hasta ahora existentes,
para que el aborto se pueda aplicar sin límite alguno”, señala la Arquidiócesis en una misiva.
“Es necesario, sin embargo, recordar que Colombia hace parte de un mundo en el
que desde hace varios años ella misma ha firmado y ratificado una serie de
acuerdos internacionales, que adquieren rango de ley en nuestro país. Extraña
pues, que incluso la misma Corte Constitucional y algunos de los promotores,
desconozcan, olviden u oculten, los Acuerdos de los cuales Colombia ha sido país
signatario. Me detengo sólo en dos, la Convención Americana de los Derechos
Humanos de 1969, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, que
transcribo en lo referente al tema en discusión”, anota el comunicado.
Fuente: El Tiempo,
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