A fines de mayo de este año, un hombre de 28 años asesinó a su padre de 57 años en el barrio El Monarca de Montevideo: le disparó en la cabeza y luego del crimen llamó a la Policía para confesar.
El victimario aseguró que lo mató porque su padre abusó sexualmente de él y sus hermanas cuando eran menores de edad.
En la puerta del juzgado penal, Ana Pereira, hermana de un hombre de 28 años imputado por homicidio, decía con dolor: “Nos siguen matando en vida”. El joven enfrentará un juicio en el que piden que sea condenado a 18 años de prisión por haber asesinado de 15 disparos a su padre. Su versión de los hechos desde el momento del crimen —que ocurrió a fines de mayo— es que su padre había abusado sexualmente de más de un familiar.
La Fiscalía de Homicidios de 1er Turno llevará el caso a juicio y pretende que el joven sea condenado por un delito de homicidio especialmente agravado por haberse cometido contra un ascendente (su padre) y por el uso de arma de fuego.
En la audiencia de formalización, la fiscal Sabrina Flores había explicado que la pena mínima para esta tipificación es de entre “13 o 14 años”. En su momento el Instituto Técnico Forense le realizó una pericia psiquiátrica que sostuvo que el joven entendía el carácter ilícito de sus actos y podía “autodeterminarse”, por ende, era imputable.
En juicio oral se expondrá una sentencia del año 2010 en la que el fallecido resulta condenado por atentado violento al pudor contra unaintegrante de la familia. La pena fue de tres años y dos meses. Fue la única denuncia por abuso sexual se realizó contra el hombre asesinado, indicó la fiscal adjunta Victoria Ghiorsi en la audiencia de control de acusación realizada esta semana.
El abogado del acusado, Marcos Prieto, planteó que, tras el juicio, debe ser absuelto puesto que actuó en el marco de la excepción prevista en el artículo 36 del Código Penal. Este artículo faculta a los jueces a exonerar de pena a aquellas personas que cometan el delito de homicidio o lesiones producto del “estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar“.
El juicio se llevará adelante en 2026. Mientras tanto, el hombre continúa preso preventivamente.
Para Prieto, la de su cliente es una “historia de violencia familiar que no puede comprenderse sin dimensionar el régimen de terror que él ha vivido”. Pretende acreditarlo en juicio a través de la declaración de cerca de una decena de familiares y una pericia psicológica.
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