Tras el fallo de la Justicia Federal que fijó como límite este miércoles, el Ejecutivo nacional dio luz verde a la normativa aprobada en 2025. La medida crea un nuevo régimen de pensiones, establece controles estrictos y traslada el área de Discapacidad a la órbita del Ministerio de Salud.
En cumplimiento de una sentencia judicial que no admitía más prórrogas, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida, oficializada mediante el Decreto 84/2026, llega luego de que el Juzgado Federal de Campana declarara inválida la suspensión previa del Ejecutivo, que alegaba falta de financiamiento para no aplicar la norma aprobada por el Congreso en julio pasado.
Nuevo régimen de pensiones y controles
La reglamentación establece las bases para la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Los puntos clave de la normativa incluyen:
Conversión de oficio: Todas las pensiones otorgadas anteriormente se transformarán automáticamente al nuevo régimen.
Criterios de acceso y permanencia: Se definen nuevas incompatibilidades con otros beneficios y se prioriza la articulación con políticas de inclusión laboral.
Auditorías periódicas: En un plazo de 30 días, se deberá presentar un plan de relevamiento y verificación para identificar las condiciones de cada prestación.
Cambios en el organigrama
Junto con la reglamentación, el presidente Javier Milei dispuso un cambio estructural: la Secretaría Nacional de Discapacidad dejará de ser un ente descentralizado y pasará a depender directamente del Ministerio de Salud, bajo la conducción de Mario Lugones.
Al frente de esta secretaría fue designado Alejandro Vilches, el médico sanitarista que ya venía desempeñándose como interventor de la ANDIS tras el polémico alejamiento de Diego Spagnuolo.
Financiamiento y provincias
El decreto faculta a la nueva autoridad de aplicación a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica. Además, establece que la implementación de medidas adicionales dependerá de esquemas de cofinanciamiento entre la Nación y las provincias, sujetos a las disponibilidades presupuestarias de cada jurisdicción.
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