En el marco del conflicto judicial por la expropiación de YPF, el gobierno argentino presentó este miércoles dos documentos ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska, con el objetivo de dilatar la ejecución inmediata del fallo que lo obliga a transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos demandantes Petersen/Eton y Bainbridge.
La presentación, elaborada por la Procuración del Tesoro, insiste en la necesidad de suspender la sentencia emitida por el tribunal estadounidense, que impone una indemnización de 16.100 millones de dólares. Según la defensa argentina, la medida judicial podría desencadenar un daño irreparable al país, al obligarlo a perder el control accionario de YPF y a transgredir normativas internas que impiden la transferencia de activos estatales sin autorización del Congreso.
En el escrito en respuesta al fondo Petersen/Eton Park, el equipo jurídico del Estado cuestionó la interpretación de los fondos demandantes, quienes, en su oposición al pedido de suspensión, citaron declaraciones de una “conferencia del Gobernador (de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”. También explicó que Kicillof no integra el Gobierno nacional y que sus opiniones políticas no influyen en la estrategia legal de la administración actual.
En su argumentación, la Procuración del Tesoro aclaró que no es una disputa comercial común, sino un caso sin precedentes que involucra un fallo por US$16.100 millones, actualmente bajo apelación, que plantea complejas cuestiones jurídicas, al punto de que “incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal”.
En paralelo, la Procuración también respondió a la demanda de Bainbridge, originada en la cesación de pagos de 2001, y que la jueza Preska ordenó pagar con acciones de YPF. Allí, se reitera que no existen antecedentes de tribunales de apelación que avalen la ejecución de bienes estatales extranjeros para saldar reclamos con otro país, y se enfatiza en la probabilidad de que la sentencia sea modificada o revertida en instancias superiores.
Asimismo, la ejecución del fallo condenatorio obligaría a Argentina “a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”. Es por esto que, incluso si la jueza confirma su sentencia, la entrega de acciones no solo sería inviable sin la aprobación legislativa, sino que activaría cláusulas contractuales perjudiciales para YPF y afectaría a terceros no involucrados en el juicio, como las provincias y bonistas, “por lo que mantener el statu quo favorece el interés público” y un proceso más ordenado para tratar cuestiones legales aún no resueltas, sostiene el gobierno. Por otra parte, asegura que la suspensión de la sentencia no generaría perjuicio para los demandantes.
Otro punto central del reclamo es la objeción del Gobierno a la propuesta de transferir las acciones bajo un nuevo contrato de custodia, administrado desde una cuenta en territorio estadounidense. Para la defensa argentina, este mecanismo es jurídicamente inválido y representaría una extralimitación judicial.
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