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La Justicia Federal avanzó este lunes en la investigación por el fentanilo contaminado que derivó en varias muertes en La Plata. El magistrado Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, ordenó siete allanamientos en dependencias oficiales y residencias particulares de funcionarias ligadas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y al Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).


Los procedimientos judiciales, ejecutados por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, incluyeron las sedes centrales de ANMA y del INAME. También se llevaron a cabo en domicilios particulares: el de la administradora de ANMAT, Nélida Agustina Bisio, en Olivos; el de la exdirectora del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en Quilmes; y los de los directores de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil; de poscomercialización y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut y del departamento de inspectores del INAME, Maximiliano Carlos Lalin; todos radicados en la ciudad de Buenos Aires.
Desde el Juzgado Federal Nº 3 informaron que el objetivo de las medidas “tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, es preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados”, en el marco de la pesquisa que busca determinar “eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”.

La causa se inició en abril, tras un brote de infecciones respiratorias detectado en pacientes atendidos en el Hospital Italiano de La Plata, que derivaron en numerosas muertes. Estudios posteriores confirmaron la presencia de restos de bacterias en las ampollas de fentanilo suministradas a los pacientes por HLB Pharma.
El titular de ese laboratorio, Ariel García Furfaro, se encuentra detenido junto a otros nueve directivos y técnicos, tanto de HLB como de Laboratorios Ramallo, señalados como responsables de la fabricación y comercialización del anestésico adulterado.

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