El Gobierno les recorta una caja millonaria a las obras sociales de los sindicatos

Son $ 1.000 millones que recibían de manera automática para financiar servicios de salud. En la primera etapa los reducirán a la mitad y en 2019 buscan eliminarlos por completo. Se da en medio de la pelea por las paritarias y la reforma laboral.

Aquella foto de Mauricio Macri, anunciando junto a los jefes sindicales la devolución de los 30 mil millones del fondo de las obras sociales que les había retenido el kirchnerismo, fue hace un año y medio atrás, pero parece de otra década. La relación entre el Gobierno y la CGT cambió demasiado en este tiempo y la frustrada reforma laboral que impulsó el oficialismo terminó por tensarla. Pero la novela en las próximas horas sumará un nuevo capítulo. Es que, en pleno enfrentamiento con algunos líderes gremiales, la Casa Rosada ultima detalles de un plan para quitarles una caja millonaria. Se trata del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.

El subsidio, instaurado por Cristina Kirchner, contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales. Actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales. La decisión del Gobierno, según confirmaron altas fuentes oficiales, es eliminar el SUMA “en un corto plazo”, aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad. “Es un subsidio que no tiene demasiada justificación. No tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos”, indican.

Sucede que la distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. Mientras que el 80 por ciento restante va en forma proporcional al número de afiliados, de manera tal que se asegure que las obras sociales con menos de ese número de beneficiarios reciban un importe promedio. Es decir, además ampara a las más pequeñas. En el Gobierno, no obstante, aclaran que “a las más chicas se las va a seguir asistiendo de otra manera, no se las va a desfinanciar”.

En efecto, en el Gobierno sostienen que el plan busca optimizar los recursos en materia de salud en un escenario de urgencia económica. “Se duplicó la cantidad de subsidios de prestaciones de discapacidad y crecieron el costo de algunos tratamientos con amparo judicial y eso afecta los montos que se distribuyen”, argumentan. “La prioridad -agregan- es dar respuesta a esos casos”.

FUENTE –  Diario Clarín