El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, instó a la Corte Suprema de la Nación a aumentar la pena contra Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión, en el marco de la causa Vialidad. En su dictamen, respaldó los planteos del fiscal Mario Villar, quien en abril ya había solicitado esa condena por el delito de asociación ilícita en perjuicio del Estado. La decisión final depende del máximo tribunal.
Casal apuntó a la existencia de una estructura organizada, encabezada por la entonces presidenta, destinada a direccionar contratos de obra pública a favor de empresas ligadas a Lázaro Báez. El Procurador cuestionó con firmeza las absoluciones por asociación ilícita dictadas en instancias anteriores y afirmó: “cuando el grupo se constituyó, no se acordó un catálogo detallado de cuáles iban a ser las conductas concretas que se ejecutarían para cumplir con los fines defraudatorios”, sostuvo.
“No es que se hubiera efectuado un listado indicativo de cuánto dinero se quería sustraer de las arcas del Estado de las obras viales a ejecutar, precisando cómo se llevarían a cabo las licitaciones, cómo se justificarían los sobreprecios que se constataron, cómo se efectuarían los pagos, ni en general las numerosas ilegalidades constatadas”, sostuvo el dictamen.
Además, Casal solicitó que se revean las absoluciones de otros ex funcionarios clave del kirchnerismo, como el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y el ex titular de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro. Según su análisis, el primero de los actores “no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección, sino que más bien fue uno de sus principales organizadores”.
A su vez, Garro “conocía en detalle el plan para otorgar en forma fraudulenta contratos de obra pública a Austral Construcciones, y que ese conocimiento habría sido, con toda probabilidad, la razón por la cual se lo promovió al cargo de presidente de vialidad provincial, desde el cual realizó los actos que sí constituían el núcleo de la imputación”.
El documento advierte que los contratos viales adjudicados a Austral Construcciones, empresa de Báez, fueron asignados mediante procedimientos irregulares, sin controles reales ni exigencias de cumplimiento. A Báez “no se le adeudaba dinero, pese a que la mayoría de los trabajos registraban nulo avance o demoras inexcusables”, mantuvo Casal.
Aunque el dictamen del Procurador no tiene efecto obligatorio, representa una presión considerable para la Corte Suprema, que tiene ahora en sus manos la decisión final. El tribunal había solicitado a Casal su opinión sobre si correspondía revisar la pena de seis años impuesta anteriormente o si era procedente la solicitud de los fiscales de Casación para que se elevara a doce años, como originalmente se había planteado.
Por su parte, la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi, insiste en la nulidad del proceso y pide la absolución. Alega que no hubo delito, sino irregularidades administrativas sin perjuicio comprobado al Estado.
Escuchá Radio Popular San Luis en vivo: https://radiopopularsanluis.com.ar/radio
¿Qué te pareció la nota?
Satisfacción
Esperanza
Bronca
Tristeza
Incertidumbre
Indiferencia
