Lo que parecía un error administrativo afortunado terminó en una condena judicial. Una empleada del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo (IPVU) recibió en su cuenta sueldo la suma de 4 millones de pesos debido a una semejanza de nombres en los registros de Tesorería. Lejos de reportar el incidente, la mujer utilizó el dinero para comprar un terreno.
El fallo del juez Martín Peliquero fue contundente:
–El magistrado determinó que hubo un “empobrecimiento involuntario” del organismo y un enriquecimiento patrimonial de la mujer sin causa jurídica que lo respalde prevista en los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
– Aunque la empleada alegó que pensó que el dinero era parte de un juicio pendiente, la Justicia dio por probado que tuvo conocimiento inmediato del error y aun así realizó movimientos bancarios.
Si bien en el fuero penal fue sobreseída tras pagar una multa mínima por “expropiación de cosa ajena”, la vía civil la obliga ahora a restituir el capital, enfrentando además una situación de exoneración laboral.
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