Este viernes, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante nuevos allanamientos simultáneos en la sede central y todas las delegaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), así como también en las oficinas de la droguería Suizo Argentina. Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello y solicitadas por el fiscal Franco Picardi, en el marco de una investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos destinados a programas de atención para personas con discapacidad.
Los operativos buscan recolectar documentación, dispositivos y material de interés probatorio que permita esclarecer el posible entramado de corrupción detrás de estas contrataciones y compras del Estado. A medida que avanza la investigación en Comodoro Py se intenta determinar el rol de cada uno de los nombres de alto perfil político y empresarial mencionados en el expediente, entre ellos: Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia; su asesor de confianza Eduardo “Lule” Menem; y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la empresa Suizo Argentina.
La causa se inició tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los que se sugiere la existencia de arreglos ilegales en licitaciones públicas. A raíz de estas grabaciones, el Gobierno desplazó a Spagnuolo y al entonces director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, además de intervenir la agencia y ordenar una auditoría integral a cargo de Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria.
La justicia federal también recibió, en los últimos días, un informe pericial preliminar sobre el análisis técnico del celular de Spagnuolo, en el que se constató la eliminación de mensajes. Investigadores intentan verificar si en el contenido eliminado hubo comunicaciones con el presidente Javier Milei o con los funcionarios y empresarios vinculados a los contratos investigados. Paralelamente, los especialistas forenses confirmaron que el dispositivo de Emmanuel Kovalivker aún no pudo ser desbloqueado, debido a las limitaciones tecnológicas actuales de la Justicia para acceder al contenido al interior de uno de los últimos modelos lanzados por Samsung.
En medio de la creciente presión judicial y política, Spagnuolo oficializó su defensa legal con la designación de los abogados Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze, este último con experiencia en derecho penal tributario y trayectoria en estudios jurídicos de renombre como Baker & McKenzie y Aráoz de Lamadrid y Asociados. La decisión se conoció tras las declaraciones del presidente Javier Milei en las que anunció públicamente que iniciará acciones legales contra el exfuncionario.
Durante su participación en la caravana libertaria en Lomas de Zamora, el presidente calificó como “falsa” la información difundida en los audios que circulan. Más tarde, en el encuentro anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), Milei reiteró su posición, desestimando la controversia como “una opereta” dirigida contra su gestión. Afirmó que se trata de una estrategia impulsada por la “casta” para obstaculizar el proceso de transformación: “Su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el proceso que estamos llevando adelante”, señaló.
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